La Fundación Libertad Ciudadana —capítulo panameño de Transparencia Internacional — cuestionó públicamente la decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de no convocar ni a la Comisión de Estado por la Justicia ni al Pacto de Estado que la sustenta para el proceso de selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos cargos quedarán vacantes en diciembre con la salida de Cecilio Cedalise y Ángela Russo.
Para la Fundación, el pacto representa una salida institucional ante la crisis de legitimidad del sistema judicial y es una hoja de ruta para cambios y mejoras aún pendientes, como los procesos de nombramiento de magistrados.
Generación de confianza
Desde su creación en 2005, la Comisión de Estado por la Justicia ha sido un espacio de consulta con representación de miembros del Estado y sectores no gubernamentales, permitiendo la revisión de antecedentes y observación pública. Aunque no es vinculante, su función ha sido clave para generar confianza ciudadana.
La Fundación recordó que “además de la Constitución, normas como la Ley de Transparencia y compromisos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Alianza para el Gobierno Abierto exigen mecanismos de consulta y participación”.
La organización sostiene que reducir el proceso de designación de magistrados a un trámite meramente legal “ignora lecciones aprendidas y debilita la posibilidad de avanzar hacia una justicia más independiente, transparente y confiable”.