El canciller Javier Martínez-Acha, en una conferencia de prensa la tarde de este jueves 27 de marzo, informó a la población que Panamá otorgó un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli. Aclaró que dicho documento entra en vigencia desde este jueves 27 y será válido hasta el 31 de marzo. El politólogo y abogado Francisco Carreira, consideró que esta acción del gobierno de José Raúl Mulino es una medida tardía que debió haberse tomado desde el primer día de su administración, aunque destacó que está fundamentada en razones humanitarias, un aspecto que, según el analista, debe ser resaltado en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Consecuencias del asilo de Martinelli
El abogado explicó que, con la condición de asilado político, Martinelli no podrá ser extraditado por Nicaragua a otro país, dado que el asilo implica una protección especial que impide su entrega a terceros. Asimismo, señaló que si el exmandatario decide salir de Nicaragua sin la debida autorización de las autoridades de ese país, perdería automáticamente su estatus de asilado.
Impacto del poder político de Martinelli
En cuanto a las implicaciones políticas de su asilo, Carreira consideró que Martinelli pierde influencia al estar fuera del país. Sin embargo, destacó que es uno de los políticos panameños con mejor estructura de comunicación, lo que podría permitirle mantener cierto nivel de influencia en el escenario político nacional. Recordó que, incluso cuando estuvo detenido en Estados Unidos, mantuvo una fuerte presencia mediática.
Futuro judicial de Martinelli
Carreira también abordó el panorama legal del expresidente, indicando que aún enfrenta llamados a juicio en otros casos, como el de Odebrecht. Explicó que si la Corte Suprema de Justicia llegara a declarar inconstitucional la condena en el caso New Business por el principio de especialidad, dicha sentencia podría ser anulada. No obstante, señaló que existen varios recursos en la Corte sobre esta materia y que el proceso podría tomar tiempo en resolverse.
Con esta decisión, el gobierno de Mulino ha puesto fin a una controversia que se extendió por más de un año, pero la situación de Martinelli seguirá siendo un tema de debate político y judicial en Panamá.
