El Partido Panameñista rechazó este domingo la filtración de información expuesta en los Pandora Papers. En un comunicado al país, pidió al ministerio Público hacer investigaciones y criticó al actual gobierno.
El partido dijo además Gobierno Nacional ha fracasado en su promesa de campaña de defender la imagen de Panamá y de sacar al país de las listas discriminatorias.
"Esta es una de las más graves amenazas a la estabilidad de la economía panameña. Han transcurrido 30 meses de la Administración PRD, no hay sentido de urgencia y un plan para sacar al país de las listas discriminatorias por parte de la Administración Cortizo. En comparación, en junio del 2014, al tomar posesión la anterior administración Panameñista, Panamá estaba en la gris del GAFI. Se trabajo con urgencia y de la mano con el sector privado, en febrero del 2016, Panamá salió de la lista del GAFI", señaló el partido Panameñista.
El panameñismo criticó a los diputados PRD y CDs
Panamá fue incluido nuevamente en la lista Gris del GAFI en junio del 2019 como resultado de la negativa de los Diputados del PRD y CD, que en ese entonces controlaban la Asamblea Nacional, de aprobar la ley que elevaba a delito la evasión fiscal. Dicha Ley, presentada a la Asamblea Nacional en enero del 2018, era necesaria para que Panamá cumpliera con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero. Esto fue advertido por diferentes funcionarios de la pasada administración Panameñista, pero aun así la ley no fue aprobada hasta un año después el 31 de enero del 2019, sentenció el partido de oposición.
El documento del partido, destacó que el gobierno PRD ha hecho todo lo que está a su alcance para mantener a Panamá en las listas discriminatorias, veamos:
• No se ha cumplido con el plan de acción acordado por ellos con el GAFI para sacar a Panamá de la Lista Gris. Es evidente la falta de conocimiento y liderazgo del presidente Cortizo y son notables las diferencias entre ministros y asesores con relación a este tema.
• Ha destruido la capacidad de los entes reguladores encargados de fiscalizar la prevención del lavado de dinero, al reducirles el presupuesto. Además, ha destituido a decenas de funcionarios que fueron altamente capacitados y entrenados con el apoyo de instituciones internacionales para reemplazarlos con nombramientos políticos sin ninguna capacitación y experiencia.
• No ha puesto en funcionamiento las leyes presentadas y aprobadas durante su gestión, como Ley 129 del 2020 que crea el registro de beneficiarios económicos. Esta Ley es necesaria para cumplir con los estándares internacionales. Han transcurrido 18 meses desde su sanción en marzo del 2020 y por falta de voluntad política no está en ejecución.
El Gobierno ha presentado un nuevo Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional en materia de prevención de lavado de dinero.
"Este proyecto de Ley ha sido cuestionado por inconsulto por varios gremios del sector privado por incluir nuevas obligaciones a profesionales que no tienen precedentes a nivel mundial e incluye sanciones totalmente desproporcionadas", puntualizó el colectivo político.