La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se refirió al manejo de los fondos que el MEF estaría transfiriendo a municipios fuera del marco de la ley. En entrevista, explicó que la Constitución contempla dos rutas distintas para financiar a los gobiernos locales, pero una de ellas la que permite complementar recursos a municipios con baja recaudación requiere una ley específica que, al parecer, no existe.
La clave, dice, es que ese artículo exige reserva de ley, es decir, solo puede aplicarse si existe una ley que lo reglamente. Y ahí está el hueco:
Gómez también cuestionó el tono del ministro Chapman al referirse a Juan Diego Vásquez, quien denunció presuntas irregularidades. “¿Por qué esa necesidad de descalificar a quien ya no está en el cargo? Todos los ciudadanos tenemos derecho a fiscalizar”, dijo, recordando que el propio ministro proviene de la sociedad civil.
Investigación que el MEF prometió realizar
Gómez fue directa: no tiene mayores expectativas. Señala que el Gobierno sabía desde el día uno cuáles eran las fallas heredadas y no corrigió mecanismos en año y medio. Y el panorama se complica: si el dinero se mueve vía donativos, rastrearlo es casi un acto de fe.
Explicó que cualquier investigación seria empieza por revisar los manuales, reglamentos y la ley que amparan estos movimientos. Si esa ley no existe, el sistema queda en una “zona gris” donde reina la discrecionalidad y el riesgo de clientelismo.
Y eso conecta con un problema que según ella Panamá arrastra desde hace años: “En un sistema clientelar, la ayuda termina tratándose como un patrimonio personal. Eso dificulta cualquier rastreo y alimenta complicidades”.
Gómez también llamó la atención a la Asamblea Nacional, que hasta ahora ha tenido apariciones puntuales, pero no una acción institucional fuerte.
Fiscalización de la contraloría
Además, insistió en que la Contraloría tiene la capacidad constitucional para establecer los métodos de contabilidad del Estado, pero históricamente no los ha usado de manera efectiva: “Hay que dejar la retórica. La gente sale a explicar cosas que no dicen nada. Lo que toca es cerrar los espacios de discrecionalidad donde se cuela la corrupción”.
Para Gómez, el país necesita claridad, reglas y controles reales. Hasta que eso no exista, las investigaciones seguirán chocando contra un muro.
