De los más de 4 mil funcionarios que aparecen en la planilla de la Asamblea Nacional la gran mayoría volvió este miércoles a cobrar a través de ACH. De la denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República, se desprende que luego dos meses de auditorías, la cifra de más de 300 cheques retenidos bajó a 118.
En el escándalo de los 118 cheques retenidos que reposan en la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza la lista con 50 funcionarios asignados a los diputados Crispiano Adames, Marcos Castillero, Benicio Robinson, Flor Brenes, Jairo Salazar, Néstor Guardia, Raúl Pineda y Nixson Andrade. Además, hay siete asignados a los diputados de Realizando Metas (RM): Dana Castañeda, Rogelio Revello y Víctor Castillo. También aparece un funcionario en la planilla Joan Guevara del Partido Alianza y un funcionario asignado al Molirena en el despacho del diputado Isaac Mosquera. En el informe hay 59 funcionarios nombrados en otras direcciones.
Solo días multas o trabajo comunitario
La Contraloría denunció a los funcionarios en base al artículo 349 del Código Penal, el cual establece sanciones de 50 a 300 días multa o trabajo comunitario para los servidores públicos que perciban una remuneración del Estado sin trabajar, es decir, aquellos considerados como "botellas".
"Esa denuncia requiere que se mejore, faltó profundidad en razón de las evidencias que fueron encontradas en el informe de auditorías de las planillas. Me parece que hay que hacer una elaboración más descriptiva de los hechos relevantes desde cuando ocurrieron de modo tiempo y lugar, cuándo iniciaron y en cuál periodo", opinó el exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos.
Certeza del castigo
Mientras, el diputado por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, enfatizó que lo que se requiere es que hay "certeza de castigo".
"Lo que quiere la ciudadanía es que haya certeza de castigo, si en efecto los hallazgos son contundentes, es decir, una serie de irregularidades. Esperamos que el Ministerio Público investigue", destacó Cedeño.
Además del posible delito contra la administración pública con penas de 300 días multa o trabajo comunitario, el Ministerio Público, en base a los nuevos elementos de convicción recabados, puede solicitar la imputación por otros cargos tras la presunta comisión de más delitos.