El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, reaccionó a las declaraciones del presidente de la República sobre la intención de que el Estado panameño explote directamente la mina sin recurrir a un contrato ley. Según Cedeño, esta vía no está prohibida por la Constitución, pero sí debe seguir los mecanismos legales correspondientes, incluyendo la consulta ciudadana.
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“La Constitución permite que el Estado administre directamente los recursos minerales, pero cualquier acción que afecte a una comunidad debe ser consultada con la ciudadanía, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 6 de 2002”, explicó Cedeño. “La Constitución permite que el Estado administre directamente los recursos minerales, pero cualquier acción que afecte a una comunidad debe ser consultada con la ciudadanía, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 6 de 2002”, explicó Cedeño.
Activación de la mina de cobre
El diputado señaló que, aunque el mandatario ha manifestado que no enviará el caso minero a la Asamblea Nacional, el proceso aún debe generar un instrumento jurídico que podría ser objeto de demanda de inconstitucionalidad si vulnera principios constitucionales.
“No se trata de un contrato ley, pero sí de un instrumento jurídico. Si ese acuerdo se aparta del tenor constitucional, cualquier ciudadano puede acudir a la Corte Suprema de Justicia”, añadió. “No se trata de un contrato ley, pero sí de un instrumento jurídico. Si ese acuerdo se aparta del tenor constitucional, cualquier ciudadano puede acudir a la Corte Suprema de Justicia”, añadió.
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Mulino opta por asociación estatal para la mina
Cedeño también interpretó que el Ejecutivo podría estar contemplando una figura de subcontratación, donde el Estado actúe como propietario del recurso y encargue su explotación a terceros bajo una modalidad similar a un contrato público.
“Parece que la intención es que el Estado mantenga la soberanía sobre el recurso, pero subcontrate la extracción. Eso debe hacerse con absoluta transparencia y sujeción a la ley”, afirmó. “Parece que la intención es que el Estado mantenga la soberanía sobre el recurso, pero subcontrate la extracción. Eso debe hacerse con absoluta transparencia y sujeción a la ley”, afirmó.
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Finalmente, insistió en que el Gobierno debe rendir cuentas claras sobre la figura jurídica que utilizará y someterla al escrutinio público.
“Lo que se concrete debe presentarse de forma transparente a la ciudadanía. Solo así sabremos si se ajusta a la Constitución y al procedimiento legal”, concluyó. “Lo que se concrete debe presentarse de forma transparente a la ciudadanía. Solo así sabremos si se ajusta a la Constitución y al procedimiento legal”, concluyó.
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