El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la decisión otorgada en principio por un Juzgado de Garantías sobre la detención domiciliaria para el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, procesado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado tras auditorías practicadas por Contraloría.
La defensa de Carrizo sostiene que no existe un riesgo de fuga, peligro ni destrucción de pruebas, por lo que no descarta agotar todos los recursos para llegar al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El Ministerio Público en el acto de audiencia solicitó la detención preventiva en un centro penitenciario.
La tesis de la Fiscalía en este caso se basa en un enriquecimiento de 1.9 millones de dólares.