La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene abierto hasta el próximo 22 de diciembre, el proceso para escuchar los alegatos de las partes interesadas en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, contra la Ley de Carrera Legislativa.
La ley, calificada como un blindaje para los funcionarios y 'botellas', permitió al personal de la carrera legislativa de la Asamblea Nacional el acceso a una permanencia en dos años y sin concurso.
"Esa Ley 429, que se aprobó en la administración anterior a dos semanas antes de las elecciones generales, busca lo opuesto. Premia la permanencia por padrinazgo, quien logre entrar y quedarse por conexiones no necesariamente por idoneidad y currículo, se incentiva la captura clientelar, el empleo se vuelve recompensa y moneda de cambio, se reduce la transparencia y la comparabilidad; sin concurso no puede haber competencia", agregó.
Consideraciones de la ley
El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, luego de recibir el traslado, consideró que la ley sí viola la Constitución Política.
"Esto es lo que podría mitigar el tema de tener tantas personas blindadas dentro de la Asamblea Nacional y que hay muchas más contrataciones por la cifra que se dieron, donde hay más de 5 mil empleados ahora", señaló la diputada Alexandra Brenes.
Por su parte el abogado Giovanni Olmos, destacó que "es necesario que la corte tome en cuenta estos aspectos, porque es verdad que ya debemos parar el tema del clientelismo político y donde se de nombramiento sin los méritos correspondiente a un Órgano del Estado tan fundamental para los efectos de la gobernabilidad y el estado de derecho".
La última palabra para declarar la inconstitucional o no de la ley está en el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).