La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) señaló su preocupación por las recientes modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobadas en segundo debate, al considerar que amplían las funciones de los despachos de los diputados hacia tareas de gestión y fiscalización de proyectos.
"Panamá necesita una Asamblea Nacional apegada a su mandato constitucional, cumpliendo su labor de legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un efectivo balance frente a los demás órganos del Estado", destacan.
La organización enfatizó que el fortalecimiento de la democracia depende de que cada institución actúe dentro de las competencias que le asigna la Constitución, respetando la separación de poderes y promoviendo una administración pública eficiente, transparente y responsable.
Se desvirtúan funciones de los diputados
El gremio empresarial señaló que, en lugar de impulsar reformas dirigidas a mejorar el desempeño institucional del Órgano Legislativo, como el cumplimiento de las normas de asistencia, el fortalecimiento del Código de Ética y Conducta, la eliminación de privilegios injustificados y una mayor rendición de cuentas, las modificaciones aprobadas otorgan a los diputados responsabilidades relacionadas con la ejecución y el seguimiento de proyectos públicos.
Según la Apede, esta decisión desnaturaliza el papel para el que fueron elegidos los diputados y representa un riesgo para la institucionalidad del país, al abrir espacios para una mayor discrecionalidad en la priorización y gestión de obras e iniciativas que corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales.
La organización también advirtió que la experiencia nacional ha demostrado que la confusión de funciones entre los distintos órganos del Estado debilita los mecanismos de control, afecta la transparencia y puede favorecer prácticas clientelistas que el país ha buscado superar.
Finalmente, la Apede hizo un llamado a que cualquier reforma relacionada con el funcionamiento de la Asamblea Nacional tenga como objetivo fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a la ciudadanía con transparencia.
El gremio concluyó que Panamá requiere instituciones sólidas, con funciones claramente definidas y comprometidas con el interés nacional, como condición indispensable para fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana.