La diputada Alexandra Brenes fue contundente: el blindaje que protege a los diputados frente a procesos judiciales es un privilegio injustificado que debilita la confianza ciudadana y frena las denuncias. A su juicio, la Asamblea Nacional sigue arrastrando viejas prácticas, pese al cambio de rostros.
Planillas infladas y falta de control en la Asamblea
Uno de los puntos más críticos señalados por la diputada es el crecimiento de la planilla legislativa. Según datos citados por Brenes, en noviembre la Asamblea registró más de 5 mil funcionarios, un aumento superior al 80%, pese a promesas de contención.
“Es lamentable ver que aquí todo el mundo cabe”, cuestionó, al contrastar esta realidad con su propio despacho, donde trabaja con solo seis personas. Para la diputada, el problema no es solo cuántos se contratan, sino quiénes son y qué funciones cumplen.
También criticó la falta de mecanismos básicos como marcación, evaluaciones de desempeño y sanciones por inasistencia. “Si un panameño falta a su trabajo, le descuentan o lo despiden. Eso no pasa aquí”, subrayó.
Cambios cosméticos y frustración ciudadana
Brenes aseguró que las reformas al reglamento interno no han sido profundas. “Después de 15 años, seguimos viendo cambios cosméticos”, dijo, recordando que uno de sus primeros proyectos fue desmontado en subcomisión.
A su juicio, la falta de voluntad política mantiene prácticas que generan vergüenza frente a una ciudadanía que exige resultados. “Los cambios se prometen, pero muchos no los quieren”, afirmó.
Retos para la nueva legislatura
De cara a la instalación de la nueva legislatura en enero de 2026, la diputada señaló que el principal desafío sigue siendo ordenar las planillas, fortalecer la transparencia de la Junta Directiva y lograr que la Asamblea sea productiva desde el inicio del periodo, no solo al cierre.
Giras de la Comisión de la Mujer: hallazgos preocupantes
Durante el receso legislativo, la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia realizó giras a cárceles de mujeres y albergues a nivel nacional. Brenes explicó que el objetivo fue comparar la situación actual con informes realizados en 2021.
En centros penitenciarios de Chiriquí, Coclé y Colón, se detectaron deficiencias en infraestructura, agua, saneamiento y alimentación, incluyendo denuncias de comida en mal estado.
La situación en los albergues, dijo, es aún más crítica. La comisión visitó ocho centros y encontró casos de niños y niñas con expedientes paralizados por hasta seis años, mora judicial y falta de seguimiento institucional.
“Estamos hablando de menores que son sujetos de derecho, no paquetes”, recalcó, al señalar que gran parte de los albergues son sostenidos por fundaciones y organizaciones que asumen responsabilidades que deberían recaer en el Estado.
Un llamado urgente
Brenes insistió en que los niños institucionalizados no pueden seguir siendo víctimas de negligencia y lentitud administrativa. “Estas realidades son dolorosas y no pueden normalizarse”, concluyó.
