El Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) rechazó de manera enérgica los señalamientos que tratan de desvirtuar la labor humanitaria que las entidades panameñas, con la colaboración de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, realizan a favor de la atención de las personas migrantes que ingresan por la frontera colombo-panameña.
Durante el último año los estamentos de seguridad han desarrollado más de 11 operaciones contra redes del crimen organizado transnacional, especialmente contra las de tráfico ilícito de migrantes, que han permitido, al menos, 154 capturas, sólo en 2022. El flujo controlado a través del Istmo y la ampliación de las capacidades de asistencia humanitaria del Estado panameño, han sido claves en la estrategia contra el crimen organizado en vulneración de los migrantes, en nuestro territorio.
El Minseg detalló que el Sistema de Gestión del Flujo Migratorio Irregular que implementa la República de Panamá incluye a las entidades de migración, salud, protección de los niños y niñas, seguridad, justicia, entre otras que se integran de forma coordinada con el Grupo de Movilidad Humana Internacional del propio Sistema de Naciones Unidas, otros organismos y organizaciones internacionales -13 en total-, quienes tienen presencia permanente en las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) y las comunidades de acogidas ubicadas en el Darién y Chiriquí, para la atención integral de los migrantes.
Además, cuenta con la veeduría y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las visitas constantes de representantes de la comunidad internacional y no ha habido señalamiento de parte de ninguna de estas organizaciones.
En su decisión de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que: “Panamá ha demostrado su compromiso para continuar realizando acciones que garanticen los derechos de las personas en situación de movilidad, entre ellas, las personas migrantes en tránsito”.
Asimismo, señaló que: “durante la visita y entrevistas a personas migrantes de la audiencia privada y, a través de la prueba recibida, no se pudo acreditar la privación de la libertad de personas migrantes”.