La publicación este lunes en la Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión que declara inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal.
Panama Ports Company queda sin sustento legal
La decisión judicial, ahora publicada en la Gaceta Oficial, confirma la inconstitucionalidad del contrato ley que regulaba la concesión portuaria.
Este paso es clave, ya que convierte el fallo en una medida ejecutable y permite al Ejecutivo avanzar en el proceso de reorganización de la administración de los puertos.
Gobierno anuncia plan de transición ordenada
Tras la publicación del fallo, el Gobierno informó que activará un plan de transición ordenada para garantizar la continuidad operativa en Balboa y Cristóbal.
El objetivo es:
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Mantener el funcionamiento normal de los puertos.
Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.
Avanzar hacia un nuevo proceso de licitación.
Evaluar posibles medidas legales o de arbitraje.
Las autoridades buscan evitar interrupciones en uno de los sectores estratégicos para la economía nacional, clave para el comercio marítimo y la logística regional.
CK Hutchison solicita diálogo con el Gobierno
La semana pasada, CK Hutchison Holdings, empresa vinculada a la operación portuaria a través de PPC, solicitó al Gobierno de Panamá entablar un diálogo respecto al futuro de la operación en Balboa y Cristóbal.
El escenario abre la puerta a posibles conversaciones, acciones legales o incluso procesos de arbitraje internacional, mientras el Estado redefine el modelo de concesión portuaria.