El futuro del proyecto de la mina de Donoso continúa generando posiciones encontradas tras la presentación del informe final elaborado por la Comisión Interministerial, con opiniones que van desde la defensa de las oportunidades económicas para las comunidades cercanas hasta cuestionamientos sobre el mecanismo jurídico que permitiría una eventual continuidad de las operaciones.
Comunidades cercanas destacan las oportunidades de la mina
Para Abel Oliveros, residente de comunidades vecinas al proyecto minero, quienes se oponen a la mina desconocen parte de la realidad que enfrentan las poblaciones ubicadas en el área de influencia.
Oliveros sostuvo en el programa Debate Abierto que existe una percepción alejada de las oportunidades que genera el proyecto y de las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener para las comunidades una eventual salida de la empresa.
Su posición refleja una de las visiones presentes en el debate sobre el futuro de la mina: el impacto que una posible continuidad o salida del proyecto tendría sobre las comunidades cercanas.
Expertos analizan las implicaciones jurídicas
El exfiscal ambiental Giovanni Olmos consideró que el presidente está ante una situación compleja y señaló que las decisiones deberán tomar en cuenta diferentes niveles de análisis.
Según Olmos, el carácter particular del caso requiere decisiones que consideren tanto los aspectos jurídicos como las implicaciones derivadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente, uno de los principales interrogantes planteados por el exfiscal ambiental es qué figura jurídica permitiría continuar con la explotación minera bajo los parámetros establecidos por el fallo de la Corte.
El cumplimiento del fallo de la Corte, uno de los puntos centrales
El abogado especialista en derecho ambiental Harley Mitchell destacó que las conclusiones del informe plantean elementos que podrían servir para abordar la salida jurídica al caso.
Entre esos aspectos, señaló como punto fundamental el acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Mitchell también consideró que el documento debe ser analizado más allá de las críticas políticas que ha generado, al estimar que contiene elementos que pueden resultar relevantes para comprender las alternativas planteadas.
Mitchell cuestiona el enfoque político del informe
El abogado describió el documento como un instrumento de carácter político y lo comparó con una especie de “libro blanco interministerial”, al considerar que refleja una intención política alrededor del futuro del proyecto.
Sin embargo, recomendó que el debate no se limite a las posiciones políticas y que el contenido del informe sea revisado en detalle.
Su planteamiento apunta a que el análisis del documento debe considerar las propuestas y elementos técnicos y jurídicos que contiene, independientemente de las interpretaciones políticas que se hagan sobre sus conclusiones.
¿Qué instrumento ambiental podría aplicarse?
Otro de los aspectos que deberá definirse está relacionado con la gestión ambiental necesaria para una eventual continuidad del proyecto y con las obligaciones asociadas al plan de cierre.
Olmos señaló que el presidente deberá determinar qué instrumento de gestión ambiental sería aplicable en caso de que se avance hacia una posible continuidad de las operaciones.
El análisis también incluye la forma en que se abordaría el plan de cierre y las obligaciones que correspondan dentro del marco legal y ambiental.
Una decisión que deberá considerar el marco constitucional
Olmos planteó además que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto debe considerar el marco constitucional y las obligaciones derivadas de la normativa aplicable.
A su juicio, la decisión presidencial debe estar sustentada jurídicamente y considerar tanto la Constitución como los compromisos de convencionalidad.
