La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) calificó como una alternativa “balanceada” la recomendación presentada por la Comisión Interministerial al presidente de la República sobre el futuro del sitio minero de Donoso.
CCIAP pide evaluar la propuesta con transparencia
La organización empresarial recordó que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ha insistido en la necesidad de abordar la situación del sitio minero con criterios técnicos y ambientales, además de contar con información independiente y transparencia durante todo el proceso.
Según la Cámara, la propuesta de la Comisión Interministerial no plantea el retorno al modelo anterior de operación minera, pero tampoco ignora las consecuencias que tendría mantener indefinidamente el sitio en su estado actual.
El planteamiento contempla evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y avanzar hacia una puesta en marcha enfocada en un cierre ordenado y autofinanciado, sin prórroga y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
Cierre del sitio minero podría costar hasta B/.3,400 millones
Uno de los principales elementos considerados por la CCIAP son los costos asociados al cierre del proyecto.
De acuerdo con el informe de la Comisión Interministerial, un escenario de cierre sin acuerdo tendría un costo estimado de entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones, durante un período de entre 17 y 19 años.
A esto se suman reclamaciones arbitrales que alcanzan al menos US$27,000 millones, aunque la Cámara enfatizó que estas demandas no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
Para la CCIAP, estas cifras permiten dimensionar las consecuencias económicas de las distintas alternativas. En particular, advirtió que trasladar los costos del cierre al Estado podría comprometer recursos públicos que también deben atender necesidades como educación, salud e infraestructura.
Arbitrajes y cierre ordenado, entre los puntos clave
La Cámara considera que la alternativa planteada podría permitir reducir algunos de los principales riesgos económicos y jurídicos asociados al sitio minero.
Entre los potenciales beneficios identifica evitar que el costo del cierre recaiga directamente sobre las finanzas públicas, atender los procesos arbitrales y establecer una transición ordenada.
Sin embargo, la CCIAP también señaló que cualquier eventual acuerdo deberá contar con una base jurídica sólida, establecer una fecha definitiva de cierre, garantizar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones ambientales y someter todo el proceso a una fiscalización rigurosa e independiente.
Por ello, la organización empresarial considera razonable avanzar hacia la evaluación y eventual negociación de la propuesta antes de que Panamá tome una decisión definitiva.
CCIAP pide definir las condiciones antes de tomar una decisión
La Cámara señaló que todavía existen aspectos fundamentales que deben ser aclarados, entre ellos la figura jurídica que se utilizaría y su compatibilidad con el fallo de la Corte Suprema y la Ley 407.
También deberán definirse el régimen fiscal, la eventual participación del Estado, el alcance de cualquier operación, las garantías y fecha de cierre, así como los mecanismos para concluir los arbitrajes pendientes.
La fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas también figuran entre los elementos que, según la CCIAP, deben quedar establecidos.
Además, planteó la necesidad de garantizar oportunidades para las comunidades afectadas, los trabajadores y las empresas panameñas vinculadas al área, así como fortalecer las capacidades de los municipios involucrados.
Transparencia será clave en el futuro del sitio minero
Para la CCIAP, la transparencia debe convertirse en un elemento transversal de cualquier proceso de negociación relacionado con el sitio minero de Donoso.
Esto incluye, según la organización, desde el mandato otorgado para una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, los mecanismos de fiscalización y el cumplimiento de cada una de las etapas acordadas.
La Cámara reiteró que su posición se sustenta en varios principios: el respeto al fallo de la Corte Suprema y al ordenamiento jurídico, una protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre que no represente una carga para el Estado y los panameños, transparencia, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas nacionales directamente impactadas.
La CCIAP sostuvo que el debate sobre el futuro del sitio minero debe desarrollarse con base en información y criterios técnicos, y no únicamente desde posiciones contrapuestas.
La organización empresarial considera que cualquier decisión deberá ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, además de generar confianza y proteger los intereses de Panamá.
