Las autoridades panameñas dieron a conocer este lunes los resultados del análisis realizado al informe de la auditoría integral de la mina de Donoso, en medio del debate nacional sobre el futuro del proyecto minero y sus efectos en la economía, el empleo y la seguridad jurídica de Panamá.
Gobierno recuerda fallo de la Corte Suprema y rechazo ciudadano
Moltó destacó que el cierre de la mina ocurrió en un contexto marcado por las protestas ciudadanas de 2023 y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero, una decisión que, según afirmó, el Gobierno respeta plenamente.
El ministro sostuvo que las manifestaciones reflejaron preocupaciones legítimas de miles de panameños sobre el manejo de los recursos naturales del país y reiteró que cualquier decisión futura deberá tomarse con transparencia y de cara a la ciudadanía.
Impacto económico: más de 40 mil empleos afectados
Uno de los principales aspectos evaluados en el análisis de la auditoría es el impacto económico generado tras el cese de operaciones de la mina.
Moltó relató el caso de una emprendedora proveedora del proyecto que pasó de mantener inventarios para pocos meses a acumular mercancía para casi dos años debido a la pérdida repentina de clientes vinculados a la actividad minera.
Según cifras presentadas por el ministro, unas 40,800 personas perdieron sus empleos de manera directa o indirecta tras el cierre de la mina. Además, aseguró que el impacto se extendió a sectores como transporte, comercio y pequeños negocios.
Asimismo, indicó que el desempleo en la provincia de Coclé aumentó del 4% al 13% y que el 76% de los proveedores relacionados con la actividad minera se vieron obligados a despedir personal.
Los tres principios que marcarán cualquier decisión sobre la mina
1. Soberanía absoluta del Estado
El primer principio planteado por el Gobierno establece que cualquier solución deberá estar bajo el control y supervisión permanente de las instituciones panameñas.
2. Que el costo no recaiga sobre los contribuyentes
El segundo eje busca evitar que los recursos públicos sean utilizados para cubrir eventuales costos relacionados con una solución para la mina.
El ministro enfatizó que cualquier alternativa deberá garantizar que no se comprometan fondos destinados a áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura.
3. Protección de la economía y la seguridad jurídica
Como tercer principio, el Gobierno plantea que cualquier decisión debe preservar la confianza de los inversionistas y fortalecer la imagen de Panamá como un país que respeta el Estado de derecho.
Moltó indicó que la solución deberá contribuir a proteger la credibilidad internacional del país, enviar señales de seguridad jurídica a los mercados y reducir posibles riesgos legales para el Estado panameño.