El exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, advirtió que la falta de una denuncia formal ante una presunta coima podría derivar en responsabilidades penales por omisión, tanto para el funcionario involucrado como para otros servidores públicos que tuvieron conocimiento del hecho.
Posibles responsabilidades por omisión de supuesto intento de coima
El exfiscal explicó que, al tratarse de un presunto delito contra la administración pública, el Estado resulta afectado directamente. En ese sentido, señaló que el representante involucrado debió presentar la denuncia y ahora incluso constituirse como querellante. De no hacerlo, advirtió que podría terminar vinculado al proceso si no aporta elementos de convicción.
Además, Olmos alertó que los concejales que tuvieron conocimiento del hecho y no actuaron podrían incurrir en irregularidades por omisión, al quedar constancia del caso en actas oficiales.
Investigación debe ser rápida y con pruebas
Olmos insistió en que el Ministerio Público tiene la potestad de actuar de oficio y ejecutar diligencias inmediatas, como la revisión de cámaras de seguridad, registros de ingreso y posibles comunicaciones entre los presuntos lobistas y el funcionario señalado.
Basura, política y distorsiones institucionales
El exfiscal también criticó el trasfondo político del debate sobre la recolección de basura en San Miguelito, asegurando que la ley vigente desde 2021 ya otorga autonomía a los municipios para manejar este servicio.
Para Olmos, los nuevos proyectos de ley impulsados desde la Asamblea “son política pura” y no resuelven el problema de fondo, que sigue afectando la salud pública y el ambiente.
Críticas a la afectación de la autonomía municipal
Olmos cuestionó además la reducción del tope de refrendo para el municipio de San Miguelito a mil dólares, calificándola como una afectación directa a la autonomía municipal y una posible violación de principios constitucionales.
Apoyo a reformas procesales
Finalmente, respaldó el proyecto de ley que propone limitar los plazos de investigación penal, argumentando que los tiempos indefinidos generan indefensión tanto para víctimas como para denunciados.
