Exdirector del Senafront analiza el impacto de la Ley Antimafia en Panamá

Este enfoque, dijo, representa un cambio fundamental frente al modelo vigente, que fragmenta la persecución en individuos, debilitando la capacidad del Estado para desarticular redes que operan como empresas criminales con roles específicos, estructura jerárquica y fuentes de ingresos múltiples. Además, subrayó que la ley permitiría atacar el corazón económico de estas redes mediante decomisos más amplios, afectación patrimonial y eliminación de sus empresas fachada.

Limitaciones actuales y casos que evidencian los vacíos legales

El exdirector del Senafront recordó operaciones que permitieron capturar miembros del Clan del Golfo y decomisar armas, radios, droga y oro, pero que aun así no lograron afectar la estructura financiera que operaba desde Panamá. Explicó que las autoridades no pudieron procesar a la empresa que compraba y vendía el oro porque, en apariencia, operaba bajo un marco legal regular.

Según Ortega, esta limitación demuestra cómo el sistema actual solo permite actuar sobre la parte visible del delito, dejando fuera a quienes sostienen económicamente a estas organizaciones.

“Sin una ley que responsabilice también a quienes facilitan la operación criminal, los casos quedan incompletos y las organizaciones continúan moviendo recursos dentro del sistema formal”, indicó. “Sin una ley que responsabilice también a quienes facilitan la operación criminal, los casos quedan incompletos y las organizaciones continúan moviendo recursos dentro del sistema formal”, indicó.

Actualización necesaria y lecciones de modelos internacionales

Ortega insistió en que la propuesta panameña debe incluir delitos contemporáneos como cibercrimen, lavado mediante empresas fachada, extorsión digital y corrupción a gran escala, además de los delitos tradicionales asociados al crimen organizado.

Comparó la propuesta con modelos internacionales y resaltó que su investigación identifica al sistema italiano como el más exitoso en la actualidad, debido a operaciones recientes en las que se logró llevar a juicio a más de 350 integrantes de clanes criminales.

“El modelo italiano demuestra que, con herramientas adecuadas y equipos especializados, es posible penetrar estructuras complejas y sostener procesos judiciales amplios”, afirmó. “El modelo italiano demuestra que, con herramientas adecuadas y equipos especializados, es posible penetrar estructuras complejas y sostener procesos judiciales amplios”, afirmó.

Retos políticos, judiciales y operativos para su implementación

El exdirector señaló que la aprobación de esta ley enfrentará resistencias en la Asamblea Nacional, especialmente considerando el precedente de la fallida ley de extinción de dominio. Indicó que un proyecto de esta magnitud solo funcionará si existe coordinación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la creación de jueces y fiscales especializados.

También advirtió sobre la fuerte infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado, un factor que podría entorpecer su aplicación efectiva. Sin embargo, destacó que la combinación de inteligencia, análisis financiero y el manejo de fuentes humanas podrían fortalecer los procesos investigativos.

“Cuando un eslabón habla, se pueden reconstruir rutas, identificar financiadores y llegar incluso a las cabezas de la red criminal”, explicó. “Cuando un eslabón habla, se pueden reconstruir rutas, identificar financiadores y llegar incluso a las cabezas de la red criminal”, explicó.