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Ernesto Cedeño presenta demanda contra la Ley No.258

"No es nada más que un blindaje, para evitar que personas de alto perfil rindan una rendición de cuentas a autoridades administrativas", dijo Ernesto Cedeño.

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Ernesto Cedeño presenta demanda contra la Ley No.258

Con la ley aprobada, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrán la facultad de atender las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, diputados de la Asamblea Nacional, el Contralor General de la República, y los magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados.

"No es nada más que un blindaje, es decir, para evitar que personas de alto perfil rindan una rendición de cuentas a autoridades administrativas", señaló el abogado Ernesto Cedeño, en los predios de la Corte Suprema de justicia. "No es nada más que un blindaje, es decir, para evitar que personas de alto perfil rindan una rendición de cuentas a autoridades administrativas", señaló el abogado Ernesto Cedeño, en los predios de la Corte Suprema de justicia.

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Ernesto Cedeño presenta demanda contra la Ley No.258

Ernesto Cedeño presenta demanda contra la Ley No.258

A juicio del abogado, Ernesto Cedeño, esta ley entorpecería las funciones de otras entidades administrativas como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Procuraduría de la Administración.

La ley restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, y le quita la competencia a la Procuraduría de la Administración y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), para atender las faltas de estos funcionarios.

La propuesta de este proyecto de Ley No. 733, que fue aprobado al final del pasado periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, causó suspicacia, entre otras cosas, porque fue aprobada en primer y segundo debate en menos de 24 horas y sin una opinión de alguna autoridad ligada al tema investigativo.