Un desfalco detectado en la Caja de Seguro Social (CSS) ha encendido las alertas sobre el manejo de las pensiones y los controles internos. Las irregularidades ya son investigadas por el Ministerio Público, en un proceso que podría ampliarse a más casos y que involucra recursos clave para el sistema de seguridad social y la investigación en curso.
"Tenemos personas que, por ejemplo, tienen apenas 120 cuotas y aun así se jubilaron”, explicó Herrera, al detallar que se trata de casos detectados en distintos períodos y bajo diferentes administraciones, cuando los procesos aún tenían componentes manuales que facilitaron las irregularidades.
La afectación económica potencial se calculó en alrededor de 10 millones de dólares; sin embargo, tras la suspensión de los pagos, el daño real se estima entre 3 y 4 millones de dólares. Y, se asegura que los desembolsos fueron detenidos a tiempo.
Impacto del desfalco en las pensiones
Los pagos irregulares se realizaban principalmente a través de transferencias bancarias, lo que deja registros claros de las transacciones. A pesar de ello, varios beneficiarios han negado haber incurrido en alguna falta, aunque los movimientos financieros respaldan las anomalías detectadas.
Tras la suspensión de las pensiones, las personas involucradas deberán presentarse ante la Caja de Seguro Social y posteriormente ante las autoridades competentes, mientras avanza el proceso de investigación. La institución ha evitado profundizar en contactos directos para no entorpecer las diligencias.
Desde la administración se ha subrayado que los fondos destinados a pensiones provienen de aportes estatales y de los asegurados, por lo que no pueden utilizarse para cubrir irregularidades que comprometen la sostenibilidad del sistema.
Investigación y posibles responsables
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que realizará auditorías para determinar cómo se produjeron estos pagos y qué funcionarios pudieron haber estado involucrados. La CSS ha indicado que se revisará todo el proceso, desde el registro de cuotas hasta el cálculo final de las jubilaciones.
Herrera reconoció que históricamente ha existido una separación de funciones limitada dentro de la institución, lo que obliga a reforzar los controles internos entre las áreas de ingresos, administración y prestaciones económicas. A su vez, adelantó que estos 57 casos son solo el inicio, ya que existe otro grupo de expedientes bajo revisión. El proceso es continuo y podría ampliarse conforme avancen las investigaciones.
Manejo de recursos y control financiero
Paralelamente, la Caja de Seguro Social informó sobre las medidas para mejorar el manejo de sus recursos, especialmente tras los aportes estatales que superan los 700 millones de dólares anuales para garantizar el pago de pensiones.
Parte de estos fondos ha sido administrada mediante bonos del Estado y transferencias directas, buscando mejores rendimientos sin comprometer la estabilidad financiera de la institución. Según Herrera, las inversiones actuales apuntan a retornos superiores a los registrados en años anteriores.
Desde la Dirección de Finanzas se insiste en que la prioridad es proteger los fondos de los asegurados, garantizar el pago legal de las pensiones y evitar que hechos de desfalco vuelvan a repetirse dentro de la Caja de Seguro Social.
