El caso del monumento chino se ha convertido en un nuevo foco de discusión sobre la demolición de estructuras públicas y los límites legales en la toma de decisiones de las autoridades locales. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad del proceso seguido y la documentación que respaldó la orden de derribo.
Araúz explicó que, ante la presentación de denuncias penales contra la alcaldesa, el Ministerio Público debe delimitar con claridad su rol y establecer qué elementos corresponde investigar. En ese contexto, se han mencionado posibles figuras como abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
Bien público y evaluación del sustento técnico
Otro eje del análisis es determinar si el monumento presentaba un estado de deterioro que hiciera inviable su restauración. Araúz sostuvo que corresponde a las autoridades verificar si la demolición era realmente necesaria o si existían alternativas técnicas que no fueron consideradas.
Según explicó, si se concluye que los sustentos fueron insuficientes o que el procedimiento no se ajustó a los canales regulares, el Ministerio Público estaría en posición de solicitar una audiencia de imputación de cargos, la cual podría ir acompañada de medidas cautelares contra la autoridad investigada.
Controles obligatorios y límites de la autonomía municipal
El abogado recalcó que las decisiones de un alcalde sobre bienes públicos no son independientes ni discrecionales. Explicó que todas las actuaciones están sujetas a controles previos, incluyendo la fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual forma parte del funcionamiento rutinario de las alcaldías.
Añadió que el descarte de bienes públicos, incluso aquellos que ya no cumplen una función, implica procesos administrativos extensos y documentados, diseñados para garantizar la transparencia en la gestión estatal.
Documentación clave y posibles peritajes externos
Araúz indicó que un punto crucial será la documentación que permitió decretar la demolición del monumento. Entre los elementos esperados figuran certificaciones técnicas del estado ruinoso de la estructura, así como la identificación de las entidades que emitieron dichos informes.
Agregó que el Ministerio Público podría ordenar peritajes externos y contrastar los informes internos del municipio con evaluaciones técnicas independientes, además de entrevistar a los funcionarios involucrados. Este proceso permitirá determinar si la demolición estuvo debidamente autorizada y sustentada conforme a la ley.
