Más de 400 personas privadas de libertad están en la lista de beneficiados con rebaja de penas que podría otorgar el gobierno en los próximos días. La decisión, pese a los cuestionamientos, es defendida por el Ejecutivo. Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Rubén Elías Rodríguez, existen parámetros claros para este beneficio.
"Pienso que las rebajas de pena, a pesar que es una facultad del Órgano Ejecutivo, deben solo darse a aquellas personas que cumplan con los requisitos que se deben establecer, no solamente el favor presidencial sino también el buen comportamiento. También algunas fórmulas de educación, control social y valor moral o a enfermos que no pueden recuperarse prontamente y necesitan una atención familiar", dijo Rodríguez.
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El jurista también expresó estar en desacuerdo con la discrecionalidad en el otorgamiento del beneficio.
"Si vemos que a personas que cometen delitos reprochables y se le favorece con una medida de rebaja para para adecuar la pena para que después lleguen y pidan una sustitución de la pena, eso parece ser una jugada de burla para el sistema de la administración de justicia", agregó. "Si vemos que a personas que cometen delitos reprochables y se le favorece con una medida de rebaja para para adecuar la pena para que después lleguen y pidan una sustitución de la pena, eso parece ser una jugada de burla para el sistema de la administración de justicia", agregó.
Favoritismo en la medida
Las críticas del presidente José Raúl Mulino a los jueces de garantías contrastan con el beneficio de rebaja de pena a favor de Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, así lo considera el diputado Ernesto Cedeño.
ERNESTO CEDEÑO
"Es lamentable porque no tendría el Ejecutivo autoridad moral para pedir al Legislativo que haga nuevas normas, para que el Judicial haga su papel, si va a rebajar la pena a una persona condenada. Si bien es una potestad constitucional, pero el hecho que beneficie a una persona que ha sido sentenciada por delitos contra la administración pública, por enriquecimiento injustificado, es una gaznatada al poder judicial", sostuvo el parlamentario. "Es lamentable porque no tendría el Ejecutivo autoridad moral para pedir al Legislativo que haga nuevas normas, para que el Judicial haga su papel, si va a rebajar la pena a una persona condenada. Si bien es una potestad constitucional, pero el hecho que beneficie a una persona que ha sido sentenciada por delitos contra la administración pública, por enriquecimiento injustificado, es una gaznatada al poder judicial", sostuvo el parlamentario.
El Ministerio de Gobierno (Mingob) aclaró que los beneficiados tienen buena conducta, han demostrado respeto a las reglas, forman parte de programas productivos, ya sea de estudio o trabajo con capacidad para integrarse nuevamente en la sociedad.
