La Defensoría del Pueblo de Panamá reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia frente a la explotación sexual y las nuevas formas de violencia digital, durante la presentación titulada “Del compromiso internacional a la acción local”, en el marco del Segundo Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y la lucha contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA).
“De poco sirve firmar tratados si un niño en Chiriquí sigue siendo víctima”, advirtió. “El Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a pasar del compromiso formal a la acción tangible en cada comunidad”.
Entre los avances nacionales, Salerno mencionó la Ley 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la Ley 478 de 2025, que fortalece la legislación penal frente a los ciberdelitos, incorporando figuras como el grooming, la sextorsión y la difusión no consentida de contenido íntimo. También resaltó la actualización del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial 2024-2028, liderado por CONAPREDES.
Pese a estos avances, la funcionaria advirtió que aún existen desafíos significativos, como la necesidad de unificar protocolos de actuación, capacitar de manera constante a los operadores del sistema y mejorar la recolección e interoperabilidad de datos sobre casos de explotación sexual.
Recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha instado al país a asegurar que las leyes lleguen a las comunidades más vulnerables.
“La lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes no se gana solo con leyes, sino con acción coordinada, ética pública y sensibilidad humana”, enfatizó Salerno.
Finalmente, subrayó el rol estratégico de la Defensoría del Pueblo en la vigilancia del cumplimiento estatal, la orientación a las víctimas y la promoción de la educación y prevención en comunidades y medios de comunicación.