La Defensoría del Pueblo anunció la apertura de una investigación de oficio contra la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública, tras los hechos ocurridos la noche del 15 de julio en la comunidad de Cabuya, corregimiento de Tocumen, donde la representante comunitaria Arielis Barría fue presuntamente objeto de un “trato inaceptable” por parte de las unidades de control de multitudes mientras intentaba mediar entre agentes policiales y residentes del área.
El hecho cobra mayor gravedad al tratarse de una autoridad local en el ejercicio de sus funciones y en un entorno de alta tensión, en el que su presencia tenía como propósito evitar una escalada de violencia. Según la institución, la intervención no solo afectó directamente a la representante Barría, sino que además evidenció la falta de garantías para las mujeres en espacios de mediación comunitaria.
En su declaración, la Defensoría recordó al Estado panameño su deber de cumplir los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos y protección a las mujeres, tales como:
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
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Las Directrices de la ONU sobre la protección de los defensores de derechos humanos
La investigación que ahora inicia la Defensoría tiene como objetivo esclarecer posibles abusos de poder y omisiones institucionales, así como determinar responsabilidades sobre la actuación de las fuerzas del orden durante la protesta en Cabuya.