La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene aproximadamente 822 personas certificadas como afectadas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol, una cifra inferior a las 1,005 que inicialmente habían sido reconocidas, informó Gustavo Santamaría Álvarez, director nacional de la Oficina de Cumplimiento de la institución.
Santamaría señaló que el impacto de esta tragedia trasciende a los pacientes, pues también afecta a sus familias, que deben acompañarlos en tratamientos, consultas y procesos de rehabilitación.
Más de 3,000 expedientes enviados para evaluación
El director indicó que el Centro Especial de Toxicología maneja un aproximado de 3,000 pacientes relacionados con el caso. Sin embargo, el reconocimiento oficial como víctima depende de la evaluación de la Comisión Evaluadora Multidisciplinaria, adscrita al Ministerio de Salud (Minsa).
Según explicó, la normativa contempla hasta cinco reevaluaciones antes de que la comisión emita una resolución. La CSS, por su parte, espera esos dictámenes para iniciar los trámites administrativos correspondientes cuando una persona es reconocida.
Santamaría aclaró que la revisión de los expedientes puede tomar tiempo porque los especialistas deben determinar si los problemas de salud están relacionados con el envenenamiento o si existían enfermedades previas que también podrían explicar las afectaciones.
La CSS mantiene atención médica en distintas provincias
El funcionario aseguró que la institución continúa brindando atención a los pacientes certificados y a quienes permanecen en proceso de evaluación. Para facilitar el acceso a los servicios, la CSS ha habilitado puntos de enlace del Centro Especial de Toxicología en distintas provincias.
Entre las áreas donde hay pacientes afectados mencionó Herrera, Los Santos, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.
Los tratamientos se definen de acuerdo con las necesidades de cada persona. Pueden incluir diálisis, terapias de rehabilitación, atención neurológica y otras especialidades. Cuando un procedimiento no puede realizarse en Panamá, la institución también contempla alternativas de atención en el extranjero.
Santamaría destacó que se procura agilizar las citas y los exámenes de laboratorio para estos pacientes, debido a las consecuencias que enfrentan por un envenenamiento que no buscaron ni podían prever.
La CSS afirma que acata las sentencias judiciales
Sobre los procesos legales relacionados con el caso, Santamaría aseguró que la CSS ha acatado las sentencias que le han sido notificadas por la Corte Suprema de Justicia.
La institución también proporciona documentación clínica a las autoridades que investigan o evalúan los casos y actúa como agente pagador de las pensiones vitalicias reconocidas por el Estado a quienes tienen derecho a ellas.
El cierre del laboratorio y los controles de medicamentos
Durante la entrevista también se abordaron las consecuencias institucionales del escándalo, incluido el cierre del laboratorio de producción de medicamentos de la CSS, una decisión que, según Santamaría, contribuyó al aumento de los costos de compra de fármacos.
El funcionario sostuvo que la experiencia debe servir de lección para todo el país y subrayó la importancia de cumplir los controles sanitarios en cada etapa de la producción y adquisición de medicamentos.
Explicó que actualmente la CSS compra productos que cumplen con los controles establecidos por las autoridades sanitarias y que están autorizados para su comercialización en el país.
Santamaría insistió en que la seguridad debe ser una responsabilidad compartida entre todas las partes involucradas, porque los errores en el ámbito de la salud pueden tener consecuencias irreversibles para los pacientes y sus familias.
Las disculpas y el reconocimiento a las víctimas
La entrevista se produjo después de que el director de la CSS, Dino Mon, ofreciera disculpas a los afectados por el envenenamiento. Santamaría consideró que este gesto representa un paso positivo y un reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
El caso del dietilenglicol continúa marcado por las secuelas de salud de los sobrevivientes, los procesos de certificación pendientes y las demandas de quienes buscan reconocimiento y justicia por una tragedia que afectó a cientos de familias panameñas.
