El debate sobre la Constitución vuelve a tomar relevancia en Panamá en un escenario marcado por deficiencias históricas en la educación cívica y por una limitada participación ciudadana, factores que han incidido en el debilitamiento de la confianza pública y en la comprensión del funcionamiento del sistema democrático.
Bernal ha explicado que este proceso enfrenta dificultades estructurales importantes. Entre ellas, destaca la falta de cooperación de sectores fundamentales como instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A pesar de ello, la alfabetización constitucional se ha mantenido activa a través de conferencias, charlas comunitarias, mesas redondas, publicaciones y espacios de diálogo directo con la ciudadanía.
Educación cívica y crisis de legitimidad
Uno de los aspectos más críticos del panorama nacional es la crisis de legitimidad institucional. Según Bernal, existe una desconfianza generalizada hacia los órganos del Estado, lo que genera un ambiente de escepticismo frente a cualquier iniciativa de reforma. Este contexto provoca que los esfuerzos del Legislativo, del Ejecutivo y de otras instancias se enfrenten a limitaciones estructurales que dificultan avanzar hacia cambios reales.
El constitucionalista ha advertido que la falta de educación cívica agrava esta situación, ya que la población no cuenta con las herramientas necesarias para comprender el rol de las instituciones ni para exigir rendición de cuentas. A su juicio, mientras no se fortalezca la formación ciudadana, la democracia seguirá enfrentando serios desafíos.
Participación ciudadana y preparación del proceso constituyente
En cuanto a la participación ciudadana, Bernal ha destacado que el proceso de alfabetización ha logrado alcanzar a más de 400 mil personas de manera directa o indirecta, mediante actividades educativas y espacios de intercambio ciudadano. Estas iniciativas buscan que la población deje de ser un actor pasivo y se involucre activamente en la definición del país que desea construir.
De cara al 2026, el proceso entra en una fase de preparación para la elección de constituyentes, quienes tendrían la responsabilidad de debatir y aprobar una nueva Constitución. Según se ha planteado, la intención es que estos representantes lleguen con propuestas claras, con respaldo ciudadano y con un mandato definido, evitando que el proceso quede en manos de intereses políticos tradicionales.
