El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez emitió su opinión sobre el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, el cual a su juicio debe ser declarado inconstitucional debido a que "inciden en el bienestar e interés público, por lo que se afecta la libre competencia y demanda".
La sugerencia del procurador fue remitida el pasado 19 de febrero a la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, según consta en el escrito que circuló en redes sociales.
El procurador resaltó en su conclusión que los demandantes [Norman Castro y Julio Macías Hernández] demostraron que al negociarse esa contratación se acordó indebidamente transferir los derechos del Estado panameño.
Esta opinión se conoce luego que la Contraloría General de la República iniciara una auditoría a Panama Ports Compañy, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, en medio de las fricciones diplomáticas con Estados Unidos por el "control de China" en el área canalera.
