Arropado por una multitud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este domingo su legado para construir una "patria nueva" durante su último informe de gobierno, marcado por las críticas de los mercados y Estados Unidos, a una reforma judicial que heredará su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Presidente popular
El mandatario, que goza de una aprobación popular del 73%, según una reciente encuesta del diario El Universal, aseguró que buscó "revertir la decadencia" del neoliberalismo, durante su mandato de seis años.
"Necesitamos continuar con esa política (...), lo que quieren los oligarcas es poder sin pueblo, ¡al carajo con eso!", agregó entre ovaciones.
Informe final y celebración en el Zócalo
Desbordado de simpatizantes desde horas antes de que empezara el discurso, el Zócalo vivió un ambiente de fiesta, entre bandas de músicos y bailes folclóricos.
Daniela Barrera, de 27 años, agradeció al mandatario haber generado "una esperanza para México" y "el sentirnos protegidos como país".
Entre grupos que llegaron del interior, portando banderas y uniformados con gorras y camisetas, hasta quienes acudieron espontáneamente, los mensajes más repetidos en letreros y cánticos fueron "gracias" y "hasta siempre, presidente".
"Se va a extrañar mucho el cariño, lo humano que es él, pero no dudo que Claudia [Sheinbaum] también lo sea", dijo Jesús Huerta, profesor universitario de 49 años que llegó desde Veracruz.
Polémica reforma
López Obrador entregará el mando el 1 de octubre a su copartidaria Sheinbaum, primera presidenta de la historia de México, elegida con casi 36 millones de votos (60% de los sufragios), en los comicios del pasado 2 de junio.
Sheinbaum heredará un paquete de reformas constitucionales, entre las que destaca la del poder judicial, que opositores ven como un preocupante lance autocrático del oficialismo.
La columna vertebral del proyecto plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, una propuesta que desató además una huelga de los trabajadores del sector.
En simultáneo al informe final de Amlo, unos 5.000 estudiantes de universidades públicas y privadas se manifestaron contra la reforma a unos cuatro kilómetros del Zócalo.
El gobierno izquierdista alega que busca acabar con los privilegios del poder judicial que, argumenta, está al servicio de las élites. Sus detractores replican que politizará la justicia y minará su independencia.
Para Estados Unidos, el principal socio comercial de México, la reforma representa un "riesgo" para la democracia y "amenaza" el acuerdo comercial (T-MEC) vigente entre ambos países y Canadá, afirmó el embajador estadounidense, Ken Salazar.
En respuesta, López Obrador decretó una "pausa" en su relación con Salazar, que no se extiende al conjunto de la administración de Joe Biden, precisó.
Consultados por AMLO en pleno discurso si prefieren que los jueces sean electos por los legisladores o por el pueblo, los miles de simpatizantes en el Zócalo respondieron: "el pueblo".
El proyecto también preocupa a los mercados. La bolsa perdió un 2,8% en agosto y el peso se depreció, cotizando cerca de 20 unidades por dólar.
El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, dijo por su parte que los inversionistas "quieren estabilidad" y "un sistema judicial que funcione si hay problemas".
Supermayorías
Aunque la propuesta de reforma llegó al Congreso hace meses, será debatida y aprobada por la nueva legislatura que se instala este domingo.
En el nuevo parlamento, el partido oficialista Morena y sus aliados, estrenarán las supermayorías que lograron en las elecciones de junio, con dos terceras partes de los escaños en diputados y a solo un asiento de lograr la misma proporción en el Senado.
La llamada "mayoría calificada" los habilita para modificar la Constitución sin necesidad de los votos de la oposición.
Un gobierno mexicano con supermayorías en el Congreso, es una situación inédita en lo que va del siglo XXI. Su antecedente se remonta a la década de 1990, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún mantenía la hegemonía política que ostentó por más de 70 años.
La oposición denunció ante el tribunal electoral mexicano, irregularidades tanto en los comicios presidenciales como en el reparto de asientos en el Congreso.
Ambas demandas fueron desestimadas por el tribunal, que terminó de certificar la semana pasada los resultados.