La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) afirmó que la investigación sobre los créditos fiscales presuntamente ilegítimos detectados en el sistema e-Tax representa una grave afectación a la institucionalidad tributaria del país y advirtió que el caso exige acciones contundentes.
Cciap exige reforzar controles
El pronunciamiento surge luego de que una auditoría interna de la DGI concluyera que $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.
Según la Cciap, aunque la entidad bancaria involucrada sostiene que actuó de buena fe debido a que los créditos aparecían registrados y validados en la plataforma oficial e-Tax, el caso pone en evidencia un problema de mayor alcance: la pérdida de confiabilidad de los registros estatales.
La organización destacó que el impacto del caso trasciende la posible pérdida de recursos públicos, ya que empresas y personas pudieron haber sido engañadas por documentos con apariencia de legalidad, mientras que otros actores pudieron haber conocido el origen irregular de los créditos fiscales.
Incertidumbre en contribuyentes
Asimismo, advirtió que persiste incertidumbre sobre la situación tributaria de contribuyentes cuyos pagos pudieron haber sido alterados o utilizados dentro del esquema investigado.
En ese sentido, la Cámara sostuvo que corresponde a la DGI reconstruir cada una de las operaciones, diferenciar a quienes actuaron de buena fe de los posibles responsables y aclarar la situación fiscal de cada contribuyente afectado.
El gremio recordó que los créditos fiscales son instrumentos creados, administrados y certificados por la propia DGI, por lo que las empresas operan bajo el principio de confianza legítima en los registros oficiales.
Añadió que, si se confirma que el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar la trazabilidad de operaciones, alterar pagos y generar créditos con apariencia legítima, el país estaría frente a una vulneración directa de la institucionalidad tributaria.
Más mecanismos tecnológicos
La Cciap reconoció que las actuales autoridades de la DGI han actuado correctamente al presentar las denuncias correspondientes, pero enfatizó que esa medida constituye únicamente el inicio del proceso.
"Denunciar es el inicio, no el resultado", indicó.
Como parte de sus propuestas, la Cámara planteó fortalecer la cultura de integridad tanto en el sector público como en el privado mediante programas de cumplimiento, códigos de ética, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y sanciones efectivas.
También propuso reforzar los mecanismos tecnológicos mediante controles estrictos de acceso, auditorías independientes, sistemas automáticos de alerta y una cadena de custodia digital que permita identificar quién modifica un registro, cuándo y desde dónde se realiza la acción.
Finalmente, la organización calificó el caso como un problema legal, institucional y moral, e instó a desarticular las redes responsables, recuperar los fondos comprometidos, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades del sistema y sancionar a todos los involucrados "sin privilegios, sin encubrimientos y sin excusas".
"La DGI debe recuperar su credibilidad con hechos y plazos claros. Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga", concluyó el comunicado.
