La liberación del octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión, quedó este miércoles 29 de noviembre en manos de un juez, quien tras el fallo del Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir si restituye el indulto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le revocó en 2022.
El TC se declaró también "improcedente" para revisar la revocatoria del indulto ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019.
- Libertad inmediata -
El presidente del TC, Francisco Morales, precisó que el auto judicial abre el camino para la inmediata libertad del exmandatario.
Una decena de simpatizantes del partido Fuerza Popular llevaron carteles y fotografías del expresidente al penal Barbadillo, en el este de Lima, donde se encuentra recluido. Según Keiko Fujimori, "el TC ha emitido una sentencia firme que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre".
La resolución del TC ha sido interpretada de distintas maneras y reaviva la polarización que rodea a la figura del exmandatario (1990-2000). El ministro de Justicia, Eduardo Arana, recordó que la Corte Interamericana ordenó a Perú no ejecutar el indulto: "Tenemos un mandato convencional de parte de la propia corte en el sentido que este indulto no podría ser ejecutado, tenemos que evaluarlo en su momento".
La familia de Fujimori alega que el expresidente, de origen japonés y de 85 años, padece diversos problemas de salud como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión. La historia del indulto es rocambolesca. Concedido en la Navidad de 2017 por razones humanitarias, fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el TC, pero cuando era inminente su salida de la cárcel, la Corte Interamericana pidió a Perú que "se abstenga" de liberarlo hasta revisar un recurso de familiares de las víctimas de su gobierno.
Fujimori cumple una condena por "crímenes contra la humanidad" en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes. La justicia peruana lo sentenció por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 a cargo de un escuadrón de aniquilamiento del ejército.