Casi el 90% de las personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele continúa sin recibir una condena judicial, según cifras presentadas por la Fiscalía General de la República. Desde la implementación de esta medida, en marzo de 2022, las autoridades han detenido a más de 93.000 personas en el marco de la ofensiva contra las pandillas.
Aunque la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele ha reducido los homicidios a mínimos históricos, organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal. También cuestionan que miles de personas permanezcan detenidas sin acceso adecuado a la defensa o sin haber sido llevadas a juicio.
Fiscalía reporta más de 10.500 condenas bajo el régimen de excepción
Durante su comparecencia ante el Congreso, Delgado detalló que las autoridades judiciales han obtenido 10.561 condenas relacionadas con la ofensiva contra las estructuras criminales, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
El balance también incluye 13 condenas a prisión perpetua por delitos relacionados con organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.
El fiscal general precisó que el porcentaje de condenas corresponde exclusivamente a los expedientes que ya llegaron a juicio, por lo que no representa el resultado definitivo de todos los arrestos efectuados durante el régimen de excepción.
La diferencia entre el total de detenidos y las personas condenadas mantiene abierto el debate sobre la duración de los procesos penales y las garantías judiciales de quienes permanecen en prisión.
Organizaciones humanitarias cuestionan las detenciones masivas
La organización Socorro Jurídico Humanitario sostiene que una parte considerable de los detenidos podría ser inocente y cuestiona los procedimientos aplicados durante la ofensiva contra las pandillas.
Según las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, algunas personas fueron arrestadas sin pruebas suficientes o por supuestos vínculos con estructuras criminales. También se han documentado denuncias de malos tratos, incomunicación y fallecimientos en centros penitenciarios.
Por su parte, el Gobierno salvadoreño defiende el régimen de excepción como una herramienta para combatir a las pandillas y reducir la violencia que durante años afectó al país.
La medida, vigente desde marzo de 2022, ha permitido una amplia operación de seguridad, pero también ha generado cuestionamientos nacionales e internacionales por la suspensión de garantías constitucionales y las condiciones de detención.
Bukele reconoce liberaciones y evalúa excarcelar a 5.000 detenidos
En medio de las críticas, Bukele ha reconocido que su Gobierno liberó a unas 8.000 personas que habían sido detenidas durante el régimen de excepción, aunque no precisó si todas quedaron desvinculadas de los procesos judiciales.
Funcionarios del Ejecutivo han descrito esos casos como parte de un margen de error en las capturas.
Además, el mandatario anunció que evalúa una liberación anticipada y condicional de aproximadamente 5.000 personas señaladas como colaboradoras ocasionales de las pandillas. La propuesta estaría dirigida a detenidos cuya participación en las estructuras criminales habría sido limitada.
Bukele explicó que los posibles beneficiarios serían seleccionados según su grado de colaboración y podrían incorporarse al programa penitenciario Cero Ocio, que contempla actividades laborales y trabajos de utilidad pública.
La iniciativa se presenta como una posible vía para revisar la situación de algunos detenidos, aunque todavía depende de los criterios y procedimientos que determine el Gobierno.