Giorgia Meloni, Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, aprobó un decreto de seguridad que endurece las sanciones por actos violentos durante manifestaciones, amplía las medidas preventivas contra menores de edad y refuerza la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos.
El paquete incluye un nuevo delito de participación violenta en manifestaciones, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. También contempla sanciones más severas para quienes organicen grupos violentos mediante redes sociales y herramientas digitales.
Italia crea un nuevo delito por violencia en manifestaciones
Una de las principales novedades del decreto es la creación del delito de participación violenta en manifestaciones públicas.
La norma establece penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en grupos organizados de cinco o más personas que realicen actos violentos y pongan en peligro la seguridad pública.
Las sanciones podrán aumentar cuando los participantes tengan el rostro cubierto, provoquen lesiones o cometan actos de destrucción y saqueo.
El decreto también endurece las penas para quienes promuevan u organicen grupos destinados a cometer actos violentos, incluso cuando utilicen medios informáticos o plataformas digitales para coordinar sus acciones. En estos casos, las condenas pueden oscilar entre cuatro y doce años de prisión.
Menores de edad podrán ser objeto de medidas preventivas
El endurecimiento de las disposiciones contra adolescentes constituye uno de los puntos centrales de la reforma impulsada por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.
El decreto amplía la posibilidad de aplicar medidas de retención preventiva a menores en determinadas circunstancias, cuando existan elementos concretos que indiquen que representan una amenaza para la seguridad pública. La aplicación de estas medidas está sujeta a las condiciones y garantías establecidas en la normativa.
Asimismo, la disposición establece una presunción de capacidad para comprender los propios actos en los adolescentes que hayan cumplido 14 años, salvo que se demuestre lo contrario.
Hasta ahora, la legislación contemplaba que el Estado debía acreditar esa capacidad en cada caso para los menores de entre 14 y 18 años. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca modificar ese criterio y facilitar la actuación de las autoridades frente a adolescentes involucrados en hechos violentos.
La reforma también amplía la posibilidad de efectuar detenciones posteriores cuando las pruebas disponibles, incluidas las grabaciones, permitan identificar a los presuntos responsables de determinados delitos cometidos durante manifestaciones.
Padres podrán recibir multas por delitos cometidos por sus hijos
El decreto refuerza la responsabilidad económica de los progenitores cuando sus hijos menores participen en determinados actos violentos o causen daños materiales.
Las sanciones administrativas para los responsables de la patria potestad podrán oscilar entre 500 y 1.000 euros. En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, de acuerdo con las disposiciones descritas en el paquete de medidas.
Además, se busca facilitar los procedimientos para reclamar indemnizaciones por daños ocasionados a bienes públicos y privados.
La iniciativa pretende que las familias asuman una mayor responsabilidad por los perjuicios provocados por menores bajo su tutela. No obstante, la aplicación de estas sanciones contempla las condiciones y excepciones previstas en la normativa.
Italia enviará 500 militares adicionales a Milán
Como parte del refuerzo de seguridad, el Gobierno italiano dispuso el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026.
Los efectivos apoyarán las operaciones de vigilancia y control territorial en el marco del dispositivo de seguridad conocido como Calles Seguras.
La posibilidad de otorgar a los militares facultades policiales adicionales fue descartada después de objeciones planteadas desde la Presidencia de la República, encabezada por Sergio Mattarella.
Por tanto, el refuerzo militar se mantendrá dentro de las competencias establecidas para el operativo, mientras las autoridades policiales continúan a cargo de las actuaciones que les corresponden.
Prohibiciones de asistir a concentraciones y más protección policial
El decreto también contempla restricciones para participar en determinadas reuniones públicas a personas que hayan protagonizado comportamientos violentos o intimidatorios contra otras personas o bienes.
Estas prohibiciones podrán alcanzar a menores que hayan cumplido 14 años, siempre que se reúnan las condiciones previstas en la norma.
Otra disposición facilita la persecución de las agresiones contra policías y funcionarios de seguridad pública. En determinados casos de lesiones, las autoridades podrán iniciar actuaciones de oficio, sin depender de una denuncia de la víctima.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad durante las manifestaciones públicas.