El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su país está en camino de convertirse en el más seguro del mundo, al asegurar que los índices de criminalidad continúan disminuyendo bajo su estrategia de seguridad, basada en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
El mandatario respondió así a una publicación de un usuario que compartió cifras según las cuales El Salvador registraba hasta octubre una tasa de homicidios de 0,97 por cada 100.000 habitantes, con 48 muertes. Bukele no confirmó ni desmintió directamente esos datos.
El Salvador reporta una reducción de los homicidios
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), El Salvador registró 49 homicidios hasta agosto de 2026, mientras que durante todo 2025 contabilizó 82.
Las autoridades salvadoreñas también han destacado la disminución de la tasa de homicidios en comparación con los niveles registrados en años anteriores.
Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, afirmó que el país logró mantener la tendencia a la baja de la violencia.
Según los datos citados por la funcionaria, El Salvador pasó de una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025.
Cuando Bukele asumió la presidencia, a mediados de 2019, la tasa de homicidios ya había descendido a aproximadamente 50 por cada 100.000 habitantes.
Régimen de excepción: más de 93.000 detenciones
La estrategia de seguridad del Gobierno salvadoreño se apoya en el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022, tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas.
La medida ha permitido realizar detenciones masivas y restringir temporalmente determinadas garantías constitucionales. Según los datos citados en el reporte, ha dejado más de 93.000 personas detenidas y más de 6.000 denuncias de presuntas vulneraciones de derechos humanos, además de alrededor de 570 muertes de personas bajo custodia estatal.
El Gobierno sostiene que el régimen de excepción ha sido determinante para reducir los homicidios y debilitar a las estructuras criminales.
Sin embargo, organizaciones y sectores críticos han cuestionado las detenciones y las condiciones de aplicación de la medida, en particular por las denuncias de abusos y las muertes registradas bajo custodia estatal.
Las cifras oficiales de homicidios tienen limitaciones
Aunque los datos oficiales reflejan una reducción significativa de los homicidios contabilizados, existen aspectos metodológicos que deben considerarse al evaluar la evolución de la violencia en El Salvador.
Según el reporte, las autoridades no contabilizan como homicidios determinadas muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o abatidos por ciudadanos. Tampoco incluyen en esa categoría las osamentas encontradas en fosas clandestinas ni las muertes de personas bajo custodia estatal.
Estas exclusiones son relevantes para interpretar las estadísticas y establecer comparaciones con otros países, cuyos sistemas de registro pueden utilizar criterios diferentes.
Por ello, la afirmación de que El Salvador está camino a convertirse en el país más seguro del mundo corresponde a la valoración expresada por Bukele y no constituye, por sí sola, una clasificación internacional verificada.
Bukele compara el régimen de excepción con una quimioterapia
El presidente salvadoreño ha defendido la continuidad de las medidas de seguridad mediante una comparación con el tratamiento contra una enfermedad grave.
En una conferencia reciente, Bukele describió la violencia de las pandillas como un cáncer que se encuentra en remisión gracias al régimen de excepción.
El mandatario agregó que, si se retirara la medida, la violencia podría regresar: «Si nosotros retiramos la quimioterapia (régimen de excepción), el cáncer va a regresar».
Las declaraciones reflejan la postura del Gobierno, que considera necesario mantener la estrategia para evitar un repunte de la criminalidad, mientras continúa el debate sobre sus resultados, el respeto a los derechos humanos y las condiciones para levantar las medidas extraordinarias.
