La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, se refirió a la posición de los abogados frente al polémico contrato minero que mantiene en disputa a las personas en las calles, a la Asamblea Nacional legislando y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), analizando demandas de inconstitucionalidad.
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La Corte Suprema de Justicia tramita a la fecha un total de ocho demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 y abrió el periodo para presentar opiniones sobre la demanda del abogado Juan Ramón Sevillano contra el artículo No 1 de la Ley 406.
Para Cedeño, hay que respetar los términos judiciales de la CSJ.
"Los días cuando hablamos de términos judiciales, son días hábiles. Hay que esperar los 10 días... Los términos judiciales los tenemos que cumplir. No podemos saltarnos eso", señaló Cedeño en el programa Polígrafo con Adela Coriat. "Los días cuando hablamos de términos judiciales, son días hábiles. Hay que esperar los 10 días... Los términos judiciales los tenemos que cumplir. No podemos saltarnos eso", señaló Cedeño en el programa Polígrafo con Adela Coriat.
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La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, se refirió a la posición de los abogados frente al polémico contrato minero que mantiene en disputa a las personas en las calles.
En un comunicado, el Colegio Nacional de Abogados hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional, "para que proceda a cumplir sus funciones constitucionales y no realizar actos que no sean de sus competencias".
"Observamos con preocupación la intención de legislar de forma unilateral en relación con el contrato minero, el país requiere que todos los involucrados en la potencial solución a la crisis que se atraviesa lo hagan con mesura y mucha responsabilidad. Como Estado de derecho, la República de Panamá, debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, que cada Órgano del Estado realice las tareas que constitucionalmente le correspondan, señala el comunicado. "Observamos con preocupación la intención de legislar de forma unilateral en relación con el contrato minero, el país requiere que todos los involucrados en la potencial solución a la crisis que se atraviesa lo hagan con mesura y mucha responsabilidad. Como Estado de derecho, la República de Panamá, debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, que cada Órgano del Estado realice las tareas que constitucionalmente le correspondan, señala el comunicado.
