Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, sustentó en la ciudad de México, los avances del país ante el Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI), que lo harían salir de lista gris en la que se encuentra actualmente.
Dentro de los avances presentados por el equipo de Panamá, se encuentra el incremento de carga de información de personas jurídicas panameñas en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), que a la fecha de la reunión se encontraba en un 64% de avance. Al respecto, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, reiteró ante el grupo evaluador que el proceso de carga de información en el RUBF es un proceso continuo e irreversible. Así mismo se informó que del 64% de las personas jurídicas incluidas en el sistema, la mayoría corresponde a personas jurídicas de mediano y alto riesgo.
Por su parte, las autoridades competentes resaltaron que el registro masivo de agentes residentes se mantiene y que próximamente las jornadas serán extendidas hacia el interior de la República. Así mismo, se destacó que el registro de los agentes residentes en el RUBF es de obligatorio cumplimiento para todos los abogados que actúen como agentes residentes de personas jurídicas panameñas, así como la correcta y oportuna identificación de los beneficiarios finales de éstas personas jurídicas.
El equipo técnico que asistió a la reunión, continuó evidenciando que todas las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre las que se encuentran la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público; tienen acceso al sistema y se encuentran utilizando el mismo, bajo la confidencialidad que reviste a dicho registro.
Como parte de la información proporcionada, se compartió que el país se mantiene en un proceso constante de depuración de su sistema corporativo. Igualmente, se destacó el entrenamiento continuo que reciben los funcionarios públicos relacionados a la prevención del lavado de activos y delitos relacionados, así como también las más de múltiples capacitaciones impartidas por los diferentes reguladores en esta materia.
Por su parte, el equipo de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, explicó el proceso de verificación de la información de beneficiarios finales que realiza dicha entidad reguladora, resaltando que las autoridades competentes en materia ALA/CFT obtienen la información de beneficiarios finales de personas jurídicas panameñas tanto por el acceso del RUBF como por los diferentes mecanismos de enfoque múltiple con que cuentan dichas autoridades, información que es obtenida en tiempo oportuno.
Respecto a los avances presentados ante el grupo evaluador, la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, y coordinadora nacional en temas ALA/CFT, Isabel Y. Vecchio Arófulo, considera que el país ha demostrado un compromiso contundente al cumplimiento del plan de acción, evidenciando un progreso significativo y sostenible que le permitirá al país continuar fortaleciendo su sistema de prevención y avanzar en el proceso, por lo que reitera la importancia que reviste que los sujetos obligados continúen cumpliendo con sus obligaciones.
Se espera que para la próxima plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a celebrarse en el mes de junio, Panamá presente un avance del 70% de personas jurídicas incluidas en el Registro Único de Beneficiaros Finales.
De la reunión con el grupo evaluador, participó el viceministro de finanzas, Jorge Almengor, liderando la delegación panameña; la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, y coordinadora nacional, Isabel Vecchio Arófulo, la superintendente de sujetos no financieros, Dayra Carrizo, el procurador general de la nación, Javier Caraballo, la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Isabel Pérez, y los equipos técnicos del Ministerio Público, Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia de Sujetos no Financieros y Ministerio de Economía y Finanzas.