La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) destacó en su informe la resiliencia de la economía de Panamá, la consistencia de la política fiscal aplicada durante 2024–2025 y los avances en consolidación fiscal, transparencia y fortalecimiento institucional impulsados por esta administración.
Asimismo, la agencia subrayó que Panamá mantiene una economía diversificada, abierta y con perspectivas de crecimiento superiores al promedio regional, sustentada en sectores como logística, servicios globales, construcción, energía y tecnología.
Acción de S&P y principales consideraciones
S&P fundamentó su decisión en los siguientes elementos:
- La implementación de una ruta clara de reducción del déficit en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
- La adopción de una política de deuda más prudente, enfocada en mejorar el perfil de vencimientos y el costo promedio del financiamiento.
- El fortalecimiento de la gobernanza fiscal, incluyendo mejoras en la calidad del gasto, la digitalización de procesos y la transparencia presupuestaria.
La expectativa de que Panamá preserve su estabilidad macroeconómica, continúe incrementando la recaudación y mantenga niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo.
Compromiso con la responsabilidad fiscal
El Gobierno reafirma que seguirá ejecutando una estrategia enfocada en:
- Reducir gradualmente el déficit fiscal, alcanzando la meta del 4% del PIB en 2025.
- Fortalecer la posición financiera del Estado, mediante una gestión de deuda eficiente y responsable.
- Impulsar inversiones estratégicas que promuevan crecimiento, competitividad y generación de empleo.
- Modernizar el Estado, priorizando transparencia, eficiencia y mejor servicio al ciudadano.
Panamá continúa demostrando que cuenta con los fundamentos económicos, institucionales y fiscales necesarios para sostener su desarrollo y fortalecer su credibilidad ante los mercados internacionales.
Esta decisión beneficia directamente al panameño porque permite que el país consiga financiamiento en mejores condiciones pagando menos intereses y liberando recursos para obras, becas, salud y seguridad, aumenta la confianza de los inversionistas para traer empresas y generar empleos formales, da más estabilidad a la economía para que las familias tengan menos sobresaltos y más certidumbre, y facilita el acceso a recursos para construir infraestructura que impulsa la actividad económica.