Luego de la suspensión en primer debate de la discusión del Proyecto de Contrato Minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá este jueves, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Federico Alfaro Boyd informó que, se evaluará la resolución emitida por el Legislativo y se presentarán nuevas recomendaciones al Consejo de Gabinete, con miras a incluir propuestas derivadas de las consultas públicas.
De acuerdo con el titular del MICI, la Asamblea Nacional, en muestra de apoyo a lo que representa la minería a la economía panameña, devolvió el contrato minero al Órgano Ejecutivo para realizar las modificaciones necesarias que garanticen que la relación contractual entre Minera Panamá y el Estado sea de larga data, y se conserven las fuentes de empleo, entre otros aportes económicos al país.
“Ante cualquier recomendación que vaya en aras de mejorar dicho contrato para darle mayor tranquilidad a la población panameña, tanto el presidente como el ministro siempre están a disposición”, expresó tras señalar que más de 300 panameños participaron de las consultas y que sus preocupaciones podrían ser vinculantes con la medida adoptada por la Comisión a través de la Resolución No. 2 recién aprobada. “Este es un gobierno que escucha”, destacó Alfaro Boyd. “Ante cualquier recomendación que vaya en aras de mejorar dicho contrato para darle mayor tranquilidad a la población panameña, tanto el presidente como el ministro siempre están a disposición”, expresó tras señalar que más de 300 panameños participaron de las consultas y que sus preocupaciones podrían ser vinculantes con la medida adoptada por la Comisión a través de la Resolución No. 2 recién aprobada. “Este es un gobierno que escucha”, destacó Alfaro Boyd.
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De acuerdo con el titular del MICI, la Asamblea Nacional, en muestra de apoyo a lo que representa la minería a la economía panameña, devolvió el contrato minero al Órgano Ejecutivo para realizar las modificaciones necesarias.
En tanto, manifestó que “una cosa es pedir el rechazo y otra pedir mejoras al contrato”, al tiempo que indicó que el Gobierno busca ser responsable en torno a la conservación de los empleos de los miles trabajadores directos e indirectos de la mina.
Asimismo, reiteró que este contrato busca los mejores intereses del país y que fue producto de una negociación que duró más de un año, donde se obtuvieron mayores beneficios económicos, ambientales y sociales dentro de la nueva propuesta de contrato.
