El choque de opiniones se agudizó con el comunicado del contralor Gerardo Solís, relacionado a la suspensión del pago de gastos de movilización de alcaldes y representantes, y donde insinuó en este último párrafo que bajo el periodo del Procurador de la Administración, Rigoberto González y el ex contralor Federico Humbert, se aumentaron de 3 mil a 5 mil las erogaciones de los gobiernos locales. Como respuesta, González le aclaró a Solís que la labor fiscalizadora es de la Contraloría General de la República y no de la Procuraduría de la Administración.
El procurador de la administración, Rigoberto González, invitó al contralor, Gerardo Solís, a presentar las denuncias que considere pertinentes, de ante la supuesta existencia de irregularidades en la asignación y supervisión del uso de fondos para gastos de movilización y otros ingresos que reciben los . Además, lo exhortó a cumplir con su trabajo.
Tanto los alcaldes como los representantes esperan los resultados de la revisión de la Contraloría General de la República, dirigida por Gerardo Solís, ante las supuestas anomalías en el manejo de los recursos del Estado.
La Procuraduría de la Administración confirmó que inició la investigación por la denuncia presentada por el Movimiento Proyecto 200, contra el alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, por el supuesto mal uso de fondos públicos.