La Contraloría General de la República informó que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras detectar inconsistencias legales, técnicas, administrativas y presupuestarias que impiden su viabilidad.
Asunción del servicio por parte de la AAUD
Entre los elementos clave evaluados, la Contraloría destacó que mediante la Resolución No. 01-2026 del 13 de enero de 2026, la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por instrucciones del Órgano Ejecutivo, autorizó a dicha entidad a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero de 2026, conforme a la Ley 51 de 2010 y la Ley 276 de 2021.
La institución precisó que la AAUD ya había intervenido desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito, por razones de orden sanitario, lo que generaría una dualidad en la prestación del servicio si se refrendaban nuevos contratos.
Incumplimientos técnicos y administrativos
El informe de la Contraloría también identificó deficiencias técnicas y administrativas, entre ellas:
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Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio.
Ausencia del Permiso Sanitario de Operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, exigido en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 176 de 27 de mayo de 2019, requisito indispensable para actividades que impactan la salud pública.
Inconsistencias contractuales, como la falta de claridad sobre la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, los cuales debían ajustarse a los términos de referencia.
Inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, sin sustento legal ni presupuestario.
Observaciones presupuestarias y de fiscalización
En materia de control fiscal, la Contraloría verificó además que:
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No existe una partida presupuestaria claramente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato.
No se presentó un estudio de mercado ni un análisis de precios que sustentara el precio de referencia del servicio.
Tampoco se aportó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el profesional idóneo.
Defensa del interés público
La Contraloría General de la República subrayó que su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al uso correcto de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, reiterando que ningún contrato será refrendado si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos.
La institución reafirmó su compromiso de velar por la correcta administración de los fondos públicos, en beneficio de todos los panameños.