Unas 45 organizaciones representativas de jubilados, sociedad civil organizada, asociaciones civiles, grupos médicos, mujeres, afrodescendientes, indígenas y entidades académicas, lideradas por la Federación Nacional de Asociaciones de la Tercera Edad de Panamá, se unieron para impulsar la firma con los candidatos presidenciales del primer Pacto por los Derechos Humanos de las Personas Mayores en Panamá.
Este compromiso es un paso adelante hacia la garantía de una vejez digna y segura para todos los ciudadanos panameños.
Este pacto, que es una declaración de principios y un plan de acción, se centra en la transformación positiva de la vida de las personas mayores.
Entre los compromisos adquiridos con la firma del Pacto, el futuro gobernante de Panamá se compromete a la revisión de las pensiones, incentivos para el emprendimiento y la autogestión, con formación en gestión de pequeñas empresas, acceso a medicamentos, implementación de programas educativos intergeneracional para combatir la discriminación por edad, mejora de infraestructuras comunitarias para crear entornos urbanos y rurales seguros y accesibles para las personas mayores.
Además de la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, garantizar el cumplimiento de la Ley 36 de 2 de agosto de 2016, que establece la defensa de sus derechos, la implementación de la Ley 149 de 24 de abril de 2020, que modifica la Ley 36 de 2016, sobre la Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que incluye la penalización del maltrato hacia las personas mayores y la aprobación de las leyes que crean un Instituto para la Personas Mayores y el Sistema Nacional de Cuidados de Panamá.
Los testigos de honor son representantes de la sociedad civil y líderes de opinión que han abogado incansablemente por los derechos de las personas mayores.
Este pacto no solo simboliza un acuerdo entre líderes políticos, sino que también refleja el deseo de la sociedad panameña de avanzar hacia un futuro donde el respeto y la protección de los derechos de las personas mayores sean una prioridad indiscutible.