TEl diputado de la bancada independiente Vamos, Luis Duke, denunció que más de 40 funcionarios vinculados a despachos legislativos estarían siendo afectados por la retención de salarios y el cambio de estatus laboral a “licencia sin sueldo eventual”, una medida que atribuye a actuaciones de la Contraloría General de la República.
El diputado detalló que, en su caso particular, tres de sus colaboradores forman parte de los primeros afectados, pero que posteriormente la situación se extendió a más personal. “Son más de 40 funcionarios los que han sido impactados con la retención de pagos y el cambio de estatus laboral”, afirmó.
Cambio de estatus y cuestionamientos legales
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Duke es el cambio de estatus administrativo de los funcionarios a “licencia sin sueldo eventual”, figura que según mostró con documentos internos estaría siendo aplicada directamente desde la Contraloría.
El diputado sostuvo que este procedimiento no habría sido solicitado por los propios funcionarios ni tramitado formalmente por la Asamblea Nacional. En ese sentido, aseguró que consultas realizadas a la Dirección de Recursos Humanos del Legislativo confirman que no existen solicitudes de licencia ni notificaciones oficiales sobre procesos disciplinarios o investigaciones abiertas contra los colaboradores afectados.
Duke cuestionó la base legal utilizada para justificar estas medidas y alegó que no se estaría siguiendo el procedimiento administrativo habitual. Según explicó, las licencias sin sueldo deben ser solicitadas por el propio servidor público y aprobadas por la autoridad nominadora, lo que a su juicio no estaría ocurriendo en estos casos.
Posible extralimitación de funciones
El diputado fue más allá al señalar que la actuación de la Contraloría podría constituir una extralimitación de funciones. Argumentó que, a su juicio, no se ha presentado documentación clara que sustente la suspensión de pagos ni el cambio de estatus laboral.
Además, indicó que en los comunicados oficiales de la Contraloría no se detalla un procedimiento administrativo específico que respalde la medida aplicada a los funcionarios.
Duke también afirmó haber revisado normativa interna de la Asamblea Nacional, incluyendo el Reglamento de Administración de Recursos Humanos, el cual según dijo permite distintos mecanismos de control como marcación manual o digital, lo que, en su opinión, debilita los señalamientos sobre incumplimientos administrativos.
Defensa del equipo y acusaciones políticas
En su intervención, el diputado rechazó que existan irregularidades dentro de su despacho y negó que haya “botellas” o personal innecesario en la bancada independiente de Vamos. Aseguró que todos los colaboradores cumplen funciones activas y jornadas laborales completas.
Asimismo, cuestionó la selectividad de las acciones de la Contraloría, sugiriendo que las medidas podrían estar vinculadas al contexto político y al debate del proyecto de ley del bioetanol, en el cual él y otros diputados han tenido posiciones críticas.
Según Duke, varios legisladores que han sido vocales en este y otros temas también estarían siendo afectados por retenciones similares en sus equipos de trabajo, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la neutralidad del proceso.
Acciones legales en evaluación
El diputado confirmó que ya se están evaluando acciones legales adicionales, más allá de eventuales denuncias ante el Ministerio Público. Sin embargo, no detalló cuáles serían estas medidas, aunque dejó claro que el caso no se limitará a un “vaivén político” entre la Asamblea y la Contraloría.
Duke concluyó que su despacho está dispuesto a ser auditado y reiteró que no teme revisiones institucionales, siempre que según dijo se realicen bajo procedimientos claros, uniformes y con sustento legal verificable.