Panamá, 28 de febrero de 2021.
De nacido fue criado en un hogar sustituto que hoy es su familia. El empresario explica que, en vez de subsidios, lo que debería hacer el gobierno es pagar por cada niño del cual se responsabiliza al enviar a un albergue. Hacer una evaluación de los costos que representa cada menor según sus necesidades y así evitar la búsqueda de financiamiento privado o la discrecionalidad del gobierno en la entrega de subsidios.
Barrios habla claro, describe cómo ingresan los menores en los albergues, y no esconde el polvo debajo de la alfombra cuando se le pregunta sobre un caso de supuesto abuso o maltrato infantil. Puede pasar en cualquier lado a pesar de los protocolos que se instalan en el centro de cuido. La idea es denunciarlo, no quedarse callado, acompañar al menor en el proceso, defender sus derechos y rehabilitarlo con terapias según sea el caso. En el contexto sobre los hallazgos de abusos a menores, cada cual tiene su cuota de responsabilidad; mucho se debe a procesos burocráticos, exceso de casos en los juzgados de menores, instituciones débiles. Pero lo más importante, a la ausencia de una ley integral de protección de niñez, y en esto último responsabiliza a la Asamblea Nacional.
¿Por qué parece que la Senniaf está fallando en la supervisión de los albergues?
El Estado es el responsable total de cada uno de estos niños. Cualquier niño que es retirado de su núcleo familiar, por el motivo que sea –pobreza extrema, consumo de droga, abuso sexual o maltrato físico–, el Estado es el que toma la custodia y es el responsable del niño a donde lo envíen, pero debe tener un presupuesto de dinero para mantenerlo. Es como un padre que sigue manteniendo a sus hijos en un caso de divorcio. En este caso, este hijo pasa a ser del Estado y este debe mantenerlo. Así como tiene la responsabilidad de mantenerlo, cosa que no se está haciendo porque no hay una ley de subsidios necesaria para poder brindar protección y cuidado de calidad, tampoco hay una ley que establezca cómo deben ser los controles. Básicamente está en los protocolos de la Senniaf cómo ellos ejercen su gestión. Obviamente la Senniaf es una institución de gobierno, como todo ente de burocracia que posee diferentes niveles de técnicos que son responsables de diferentes áreas. Sé que en la Senniaf hay gente bien capacitada y que hace muy bien su trabajo, sin embargo, el no tener un marco legal que establezca la protección de los derechos de niños y adolescentes permite que esto esté pasando afuera, a espaldas de la Senniaf.
FUENTE: Redacción Eco Tv