Panamá, 13 de julio de 2021.
El proyecto presentado por el diputado independiente Gabriel Silva fue una de las promesas del presidente del Órgano Legislativo, Crispiano Adames, mencionadas el pasado primero de julio. El documento señala que los servidores públicos electos por votación popular no podrán contratar directa ni indirectamente a sus donantes de campaña cuyos aportes superen los 10 mil dólares.
La iniciativa obliga a la Contraloría y a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, verificar que los funcionarios no intervengan en las decisiones relacionadas con asuntos que tengan influencia a los intereses del cargo.
El proyecto 329 establece que los servidores públicos no podrán hacer uso de su condición para beneficiarse ni pedir tratos favorables. Asimismo, quedará prohibido aceptar regalos, donaciones, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas que puedan malinterpretarse.
FUENTE: Redacción Eco Tv Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información