El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, criticó lo que varios sectores ya llaman “descentralización paralela 2.0”, señalando que el sistema actual de asignación de recursos sigue marcado por decisiones políticas que distorsionan el objetivo original de apoyar a los municipios con menor capacidad de recaudar fondos.
Ruiz Díaz también señaló que en la capital la situación es distinta: los representantes de corregimientos reciben $850 mil al año por parte de la Alcaldía, lo que los coloca en una posición mucho más cómoda que los municipios rurales. Aun así, también reciben apoyo de la descentralización y del gobierno central.
Fondos transferidos a AMUPA
Otro punto crítico fue el papel de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), un ente privado que recibe fondos públicos sin rendir cuentas. Según el vicealcalde, tanto la Autoridad Nacional de Descentralización como el MEF le confirmaron por escrito que no reciben informes del uso de ese dinero, pese a que la AMUPA incluso llega a manejar montos superiores a los de algunos municipios subsidiados.
Desafíos de la Descentralización
El vicealcalde insistió en que la descentralización debía venir acompañada de nuevas competencias para los municipios, no solo de dinero. Recordó que en otros países los gobiernos locales manejan servicios como agua, luz o basura, mientras que en Panamá se eliminó la recolección de desechos como competencia del Municipio de Panamá, “porque era la minita de oro”.
Según Ruiz Díaz, este modelo ha dejado a muchos municipios totalmente dependientes del Ejecutivo. Esto advirtió termina obligando a los alcaldes opositores a alinearse políticamente para poder gestionar proyectos en sus comunidades.
Uso de fondos para presionar
El vicealcalde también criticó que los alcaldes usen los fondos para presionar a los representantes, otorgando recursos a unos y castigando a otros “hasta con los foquitos de Navidad”. Para él, esa práctica replica lo que sucede a nivel nacional: “No puedes usar los recursos del Estado para maniatar a nadie”.
Sobre el llamado caso de Aguadulce, cuestionó que el Ministerio de Cultura asignara fondos únicamente a ese municipio sin criterios claros ni métricas que justificaran la selección. “Si fuera por atractivo turístico o cultural, hay municipios como Pedasí o Atalaya que también deberían recibir apoyo”, señaló.
Ruiz Díaz pide reglas claras, métricas transparentes y competencias reales para que los municipios puedan generar ingresos propios. Su mensaje final fue directo: “El que se roba un dólar o un millón es un ladrón. Si no se va a repartir de forma equitativa, entonces no se le dé a nadie. Pero sí hay que darle a los municipios las herramientas para trabajar en serio”.
