El representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, aseguró que existe consenso entre organizaciones municipales y diputados sobre la necesidad de reformas a la Ley de Descentralización para fortalecer financieramente a los gobiernos locales y corregir desigualdades en la distribución de recursos.
Municipios reclaman fondos pendientes
El representante sostuvo que uno de los principales reclamos de los gobiernos locales es el incumplimiento en la transferencia del Fondo del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), recursos que por ley deben ser entregados en un 100% a municipios y juntas comunales.
Según indicó, el desfase acumulado desde 2022 ronda los 500 millones de dólares. “Se perjudicó a millones de residentes y especialmente a los municipios más pobres del país”, afirmó.
García señaló que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría y la Autoridad Nacional de Descentralización ya reconocen que no se realizaron las transferencias completas establecidas en la ley.
Buscan fortalecer municipios más pobres
El representante destacó que uno de los principales consensos dentro de la reforma es aumentar el aporte mínimo que reciben los municipios con menos recursos.
Actualmente, la ley garantiza un piso de 500 mil dólares para municipios considerados subsidiados, monto que podría elevarse a un millón de dólares. “Todos estamos de acuerdo en que 500 mil dólares son insuficientes para desarrollar proyectos importantes”, expresó.
Pide distribución más equitativa
García también cuestionó la forma en que actualmente se distribuyen los fondos de descentralización, argumentando que no todos los municipios y corregimientos tienen las mismas necesidades.
“No resulta correcto tratar igual a corregimientos con 10 mil habitantes y a otros con más de 100 mil”, sostuvo. En ese sentido, pidió establecer criterios objetivos para definir qué municipios requieren mayores recursos.
Defiende principio de solidaridad
Durante la entrevista, García respondió además a cuestionamientos sobre corregimientos de alta recaudación, como Bellavista, que aportan millones en IBI pero reciben menos fondos en comparación con su contribución.
El representante defendió el principio de solidaridad dentro del sistema de descentralización y aseguró que los municipios con mayores ingresos deben apoyar el desarrollo de las zonas más vulnerables.
