Por presentar vicios de inconstitucionalidad al incidir en competencias propias del Órgano Ejecutivo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional sin ser sancionado el proyecto de ley 145, que establece la Política de Orientación Vocacional y Profesional para Jóvenes Adultos.
En la nota fechada el 24 de marzo de 2026, y remitida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, también se señala que resulta inconveniente por la falta de claridad en la definición de la población objetivo, además por posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación.
Sin fuentes de financiamiento
También se omite el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), al no establecer una coordinación obligatoria, lo cual debilita la coherencia institucional.
Según el proponente, la propuesta abordaría, la orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes estudiantes, con el objetivo de guiarlos en las instituciones educativas públicas y privadas, para que elijan una opción que favorezca sus oportunidades laborales y se ajuste a sus fortalezas y debilidades.
Frente a esto se señala la existencia de una normativa preexistente, función que recae en el Ministerio de Educación (Meduca). En consecuencia, la intervención del Mitradel podría ocasionar superposición normativa y conflictos de competencias.
A su vez, el proyecto no aclara si las certificaciones otorgadas por la institución corresponden a capacitación laboral o equivalen a títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional actualmente regida por las universidades y el sistema educativo nacional.
La propuesta objetada, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el pasado 9 de febrero de 2026.