El Órgano Legislativo tiene pendiente debatir varios proyectos de ley importantes como la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, la ley anti botellas y la regulación del cobro de dietas con la promoción de buenas prácticas en el ejercicio público, iniciativas que buscan generar confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Por otro lado, el también diputado Manuel Samaniego recalcó la necesidad de incluir la no prescripción a los delitos de corrupción porque la ley establece que después de un período de tiempo si no hay una investigación el delito prescribe.
"Todo funcionario que incurre en corrupción tiene que pagar y tiene que ser responsable ante la justicia y el delito no debe prescribir", recalcó Samaniego.
En el primer período ordinario a la Comisión de Gobierno, llegaron 95 anteproyectos de ley y 29 quedaron pendientes de un prohijamiento. Este escenario obliga a los diputados proponentes a presentar nuevamente las iniciativas ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Reacciones por proyectos presentados por el procurador
Para esta nueva legislatura la Asamblea Nacional debe debatir en la Comisión de Gobierno los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Gómez, los cuales buscan aumentar las penas a seis años de cárcel para los funcionarios que cobren sin trabajar conocidos como "botellas" y un incremento de hasta ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito.
Aumento de penas e imprescriptibilidad
Para el diputado Samaniego, existen dudas sobre las recientes propuestas presentadas como el que propone un aumento de penas.
"También nos preocupa o quisiéramos incluir de que haya esa devolución de los fondos que son robados por corrupción por parte de los funcionarios que terminan como culpables en ocasiones, está el caso del expresidente Martinelli que tiene una condena, pero que no hemos visto que a la fecha haya devuelto al estado la cantidad que tenía que resarcir al Estado panameño", admitió.
El proyecto presentado por el procurador establece que en los casos de corrupción sólo bastará una auditoría realizada por las propias instituciones como prueba, sin requerir el refrendo burocrático de la Contraloría General de la República.