La diputada Yamireliz Chong cuestionó el adelanto del proceso para la elección de un magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, al señalar que no existía urgencia para tomar esa decisión antes del plazo previsto en diciembre y que el proceso se dio en un momento clave de la agenda legislativa.
La diputada sostuvo que la decisión recae exclusivamente en el presidente de la Asamblea Nacional, aunque advirtió que el momento en que se dio ha generado cuestionamientos y especulaciones dentro del Legislativo.
Piden decisiones “con conciencia” y sin intereses políticos
Chong hizo un llamado a quien resulte electo como magistrado a actuar con responsabilidad y visión de país.
Asimismo, insistió en que el principal atributo que debe tener cualquier magistrado del Tribunal Electoral es la independencia. “No se trata solo de no tener afiliación política, sino de tener independencia de criterio para tomar decisiones apegadas a la ley y no a intereses particulares”, enfatizó.
Evaluación de candidatos en curso
Tras culminar la fase de entrevistas, Chong indicó que junto a otros diputados presentarán a su bancada una propuesta con los perfiles mejor evaluados. Aseguró que se busca seleccionar a personas que no solo cumplan con los requisitos, sino que también hayan demostrado capacidad para ejercer el cargo.
Denuncian retrasos en pagos a funcionarios
En otro tema, la diputada denunció que funcionarios vinculados a su bancada y a otros despachos tienen varios meses sin recibir salario.
Según detalló, hay trabajadores que no cobran desde enero y que incluso aparecen con licencias sin sueldo que no solicitaron. “Son personas que siguen trabajando todos los días, con responsabilidades familiares, y no han recibido su pago”, afirmó.
Chong advirtió que, de no resolverse la situación, podría interpretarse como un mecanismo de presión política dentro de la Asamblea Nacional.
Llamado a resolver conflicto administrativo
La diputada también cuestionó la falta de coordinación entre la Asamblea Nacional y la Contraloría, señalando que ambas instituciones se responsabilizan mutuamente sin ofrecer soluciones concretas.
Aunque indicó que prefiere creer que se trata de un error administrativo, advirtió que, de persistir la situación, podrían configurarse faltas graves e incluso delitos. “Quiero creer en el sistema, pero esto debe resolverse pronto”, concluyó.