El magistrado del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario, aseguró que la institución atraviesa un periodo de crecimiento sostenido, impulsado por un mayor flujo de informes de auditoría provenientes de la Contraloría General de la República y la implementación de un sistema de gestión basado en indicadores de resultados.
Según detalló, mientras en 2023 se registraron 30 casos, en el primer año completo de la actual administración la cifra ascendió a 187 expedientes, lo que representa un incremento significativo en la carga de trabajo del sistema.
El magistrado atribuyó parte de la mejora en la gestión a la adopción de indicadores de desempeño dentro del marco del programa de presupuestos por resultados del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ha permitido medir y comparar la evolución institucional.
"Cuellos de botella del sistema"
Señaló que uno de los principales obstáculos ha sido la notificación personal de los llamados a juicio, lo que en muchos casos retrasaba los procesos. Indicó que, con el apoyo del Órgano Judicial, se han implementado mecanismos que han permitido agilizar casos que permanecían detenidos.
Respecto al presupuesto, reconoció que la institución ha enfrentado recortes en años anteriores, aunque destacó que para el próximo periodo se ha contemplado un aumento del tope presupuestario. Sin embargo, enfatizó que la principal prioridad no es el incremento de fondos, sino la capacidad de ejecutar las sentencias.
Tiempos de resolución
Indicó que el promedio de los casos es de aproximadamente tres años y medio, aunque existen expedientes que se resuelven con mayor rapidez y otros que pueden extenderse hasta la prescripción.
Del Rosario también destacó la relación con la Fiscalía de Cuentas, la cual calificó como fluida y en su “mejor momento”, con coordinación constante entre las instituciones y la Contraloría para el manejo de los procesos.
En relación con las recientes facultades de la Contraloría General, conocidas como el “superpoder” para aplicar medidas cautelares, el magistrado consideró que, desde una perspectiva técnica, estas contribuyen a la eficacia del proceso, aunque reconoció que han generado debates jurídicos sobre su constitucionalidad.
Finalmente, reiteró que el mayor desafío del Tribunal de Cuentas sigue siendo la ejecución de sus sentencias, por lo que la institución mantiene conversaciones con el Órgano Ejecutivo y otras instancias para impulsar reformas legales que fortalezcan su capacidad operativa.
