El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), alzó la voz sobre dos temas cruciales para el país: la propuesta de derogación de la Ley 462 referente a la Caja de Seguro Social (CSS) y el manejo del asilo político concedido en Colombia al expresidente Ricardo Martinelli.
El diputado explicó que, la Ley 462, modificó de forma estructural la Ley 51 de 2005, alterando más de 200 artículos que "ya no existen" en su forma anterior y que una simple derogación, sin especificar qué se deroga y con qué se reemplaza, dejaría a la CSS sin cabeza y sin posibilidad de existencia jurídica porque no tendría la estructura legal para funcionar, incluyendo la dirección general, la subdirección, la junta directiva, el manejo de ingresos y pagos, o cómo abordar el desabastecimiento de medicamentos.
El diputado fue enfático al señalar que el fenómeno de la "reviviscencia" de un precepto, es decir, que una norma jurídica derogada o modificada vuelva a la vida, solo aplica en casos de inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia, no por una simple derogatoria. Por tanto, si la Ley 462 fuera derogada sin una de reemplazo, las normas modificadas o subrogadas de la Ley 51 de 2005 no revivirían.
Cedeño criticó a quienes proponen una derogación sin presentar una propuesta concreta de reemplazo, indicando que "no tienen idea del punto de vista jurídico de lo que están pidiendo" e instó a quienes protestan a hacerlo "bien", es decir, a definir con claridad qué artículos quieren derogar y qué proponen para sustituirlos.
Asilo político concedido a Ricardo Martinelli
El diputado señaló una falta de transparencia y un "manejo inadecuado" por parte de los funcionarios públicos, afirmando que la Cancillería y el gobierno "perfectamente lo sabían" y que le estaban dando el asilo antes de que Martinelli se trasladara, e incluso teniendo que verificar dónde residiría en Colombia.
Ante la condena firme contra el expresidente Martinelli, Cedeño recomendó al próximo presidente que asuma el cargo en 2029: pedir la extradición del señor asilado para interrumpir el término de prescripción de la sentencia, detallando que el Código Procesal requiere la extradición para interrumpir este término.
Por último, señaló que, sería "incoherente" que el gobierno actual solicitara la extradición después de haberle concedido el salvoconducto. De acuerdo al diputado, solicitar la extradición es uno de los primeros pasos que el nuevo presidente deberá dar para asegurar que el cumplimiento de la sentencia espere a Martinelli si regresa a Panamá, siempre y cuando la sentencia no haya sido revocada o desvirtuada por algún acto posterior.
