La Contraloría General de la República salió al paso de cuestionamientos sobre la aplicación de la licencia sin sueldo por investigación en la Asamblea Nacional, asegurando que se trata de una medida administrativa contemplada en la normativa vigente y no de una sanción.
En cuanto a la situación actual, la Contraloría precisó que “a la fecha, únicamente 7 funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo”. Añadió que el resto de los funcionarios ha recibido su salario con normalidad, incluyendo la primera quincena de abril.
La entidad adelantó que “a partir de la segunda quincena de abril, la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación”.
Medida no es nueva
Además, subrayó que este tipo de acciones no responde a una coyuntura puntual: “este tipo de medida no es nueva ni responde a una coyuntura específica”, recordando que en 2025 se aplicaron licencias similares en distintos despachos legislativos sin distinción política.
En el comunicado también se hace referencia al artículo 161 del reglamento interno del Legislativo, que establece que “únicamente el presidente y el secretario general pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia”, advirtiendo que cualquier irregularidad fuera de ese marco debe ser evaluada conforme a la ley.
Finalmente, la Contraloría reiteró que, una vez concluyan las verificaciones, “los casos que no cuenten con sustento serán remitidos a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades”, insistiendo en que sus actuaciones se realizan “con apego a la ley, sin distinciones, en defensa del buen uso de los recursos públicos”.